Recién cuando un grupo de ciudadanos del interior provincial se trasladó a la Capital para reclamar la actuación de la Justicia federal en el corte antiminero que realizan activistas foráneos, surgió la novedad de que cuando se trata de un corte selectivo es la Justicia provincial la que debe actuar.
La modalidad de actuación habría surgido de un acuerdo entre ambas instancias judiciales, la provincial y la federal; aunque igual, para los ciudadanos comunes, de nada sirve lo acordado porque llegado el momento nadie actúa, como pasó antes y pasa ahora.
Además de mostrar la mediocridad reinante en ambas justicias, la irresponsabilidad constituye un peligro latente, ante la posibilidad de enfrentamientos entre manifestantes que están favor y los que están en contra de la minería.
Ahora las autoridades judiciales juegan al juego del gran bonete, pero cuando haya que lamentar algún evento grave, se achacarán también la irresponsabilidad de no haber actuado en tiempo y forma. Grave.