De acuerdo a lo publicado oportunamente por la revista “Noticias”, en Catamarca, a Zitelli “le dicen araña manca, porque nadie sabe cómo hizo la tela”, definición a la que también se sumó la de “Aloe Vera”, porque “tiene más propiedades que el prodigioso vegetal”. De todos modos, el origen de esos calificativos podría irse descifrando a partir de una nueva denuncia judicial, que rozaría los intereses “bien guardados” del Sr. Zitelli.
La historia tiene que ver con el abogado paraguayo, Vicente Antonio García Fernández, el primer apropiador de los bienes de los hermanos Iacarino, quienes fueron detenidos por la dictadura y torturados en una comisaría de Lanús, donde con métodos extorsivos –para recuperar su libertad- los obligaron a ceder bienes millonarios, que posteriormente terminaron en manos de Zitelli.
La novedosa redacción acusatoria, que se inscribe en la causa Nro. 63 “Iacarino, Rodolfo José y otros s/averiguación de bienes”, radicada en el juzgado platense ya citado, entre otros bienes reclama “la restitución del piso 18vo. ‘B’, de la calle José Hernández 1932, en el B° de Belgrano, de Buenos Aires, donde vivía la esposa de Zitelli”, Marta Isabel Maubecín, “casada en primeras nupcias” con el empresario, también propietario del diario de El Ancasti, según los datos consignados en distintas inscripciones registrales de las numerosas empresas del grupo.
Otros inmuebles reclamados por los Iacarino son los pisos 9, 10 y 11 de la calle Tucumán 359, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y donde el escribano Enrique Alejandro Astoul supiera radicar la constitución y domicilio de la “Inversora Sudamericana”, de los Zitelli, en este caso presidida por su hijo Silvio Ariel. Éste bautizado así por el desprecio que el “Tano” aún siente por su nombre (según Noticias), heredado de su madre Doña Silvestra Camaratta. Claro, que Silvestre sigue estando en las empresas como “director suplente”.
Otro local en litigio es el de Florida 357, en la coqueta Galería Jardín, de Buenos Aires, en donde también funcionaban oficinas del cuñado del ex presidente Carlos Menem, Emir Yoma, en los tiempos que Zitelli había sido nombrado en Fabricaciones Militares por su amigo el ex ministro riojano Erman González.
Entre los arreglos “non sanctos” que la denuncia en ciernes advierte entre García Fernández y Zitelli, figuran también inmuebles y campos en Punta del Este (Uruguay), Mar del Plata y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires.
El imputado en esta causa es el mencionado letrado guaraní, domiciliado en Maipú 510, 2° piso de la CABA, bajo los cargos de “extorsión y falsedad ideológica de instrumento público”.
Los hermanos Rodolfo José y Carlos Iacarino fueron secuestrados y privados de la libertad el 4 de noviembre de 1976, en Santiago del Estero; la misma suerte que posteriormente correrían sus padres Elma Venturino y Alejandro Rómulo Iacarino, en Buenos Aires.
Luego de ser derivados a distintos centros clandestinos de detenciones, los Iacarino fueron trasladados en julio de 1977 a la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde permanecieron hasta enero de 1978. Sin embargo, cabe aclarar que su liberación –tal como posteriormente lo denunciaron- se produjo tras ser largamente torturados y extorsionados para ceder sus bienes, que ahora se sospecha –en algunos casos- llegaron a poder de Zitelli.
Los Iacarino fueron a la justicia y recientemente obtuvieron un fallo favorable, por el cual en principio se condenó a 3 y 4 años de prisión a los ex jefes policiales Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, hallados responsables de los delitos de “vejaciones y severidades extremas”.
“El Tribunal Oral Federal de la Plata condenó a los ex policías por los delitos de los que fueron víctimas Alejandro, Carlos y Rodolfo Iacarino, quienes eran dueños de siete prósperas empresas hasta 1977, y que perdieron a causa de las maniobra fraudulentas perpetradas por la dictadura”, publicó el 5 de este mes, el periódico Memoria, medio especializado en seguir la información vinculada con el desarrollo de los juicios de lesa humanidad.
Desveladas las razones por las que fueron obligados a desprenderse de sus bienes, los Iacarino instarán ahora nuevas causas judiciales para tratar de recuperarlos, como la que un grupo de abogados prepara sobre la relación de Zitelli con García Fernández, “probada en múltiples operaciones, de las que pueden dar cuenta quienes integraban sus respectivos niveles gerenciales”, según se anticipa en el texto iniciático de la nueva demanda.