Néstor Rafael Córdoba recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la administración pública, por el delito de vejámenes calificados.
Gustavo Fernando Reartes, en tanto, fue condenado por el delito de vejación simple a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y tres años y medio de inhabilitación para ejercer la función pública.
Walter Raúl Soria y Raúl Aredes fueron absueltos por el beneficio de la duda, ya que para el tribunal no quedó fehacientemente comprobada su responsabilidad en el hecho.
En la acción civil, el Estado catamarqueño deberá resarcir a la víctima, Ramón Argañaraz, con la suma de $67.000 por daños materiales y morales.
La querella que representó a la víctima, manifestó su disconformidad con el fallo judicial, ya que pedía que los uniformados sean condenados por el delito de tortura.