El allanamiento se enmarca en la investigación que lleva
adelante la Justicia local tras la denuncia de la diputada provincial Paola Bazán
contra ex funcionarios de la Secretaría de la Vivienda.
Esto generó malestar en los empleados que prestan servicios
en el área, debido a que se cerraron las puertas y no dejaban ingresar y salir
a nadie. De esta manera, aquellos trabajadores que tenían su hora de salida no
podían retirar sus pertenencias.
Cabe remarcar que la denuncia de la legisladora del Frente Cívico
apunta a la ex directora de administración de la Secretaría de la Vivienda,
Silvia Quinteros, su secretaria Jacqueline Figueroa y la titular de la empresa
RAF, María Cisneros, por el delito de negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas, cohecho y enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados.
