El pedido del funcionario fue que dentro de las normativas
incorporen a la Policía de la provincia para unirse en la lucha contra el
desorden social y judicial que generan los denominados "motoqueros".
"Nosotros queremos la autorización municipal para
labrar las actas y ponerlos a disposición de los jueces de Faltas; es decir,
que de alguna manera nos den 'pista' para colaborar y ponernos al lado de las
autoridades municipales y brindar mayor seguridad a la comunidad",
manifestó.
Entre los puntos más sobresalientes, la iniciativa señala
que los vehículos no serán decomisados, sino secuestrados hasta cumplir con
algunos requisitos.
Además, se pide la modificación del artículo 198 del Código
de Faltas Municipal, que actualmente sanciona las picadas. En el proyecto que
presentó el Ejecutivo, se solicitaban sanciones para los conductores que creen
una situación de peligro para la vida o la integridad de las personas.
Éstas consistían en una sanción monetaria que va de las 250
hasta las 500 unidades de multa (actualmente significaría montos que van de 10
mil hasta un máximo de 20 mil pesos), la inhabilitación para conducir por dos
años, la obligación a asistir a clases de educación vial y el decomiso del
rodado.
