El pasado 17 de mayo, el juez Juan Carlos Reynaga sentenció a seis años de
prisión domiciliaria a María Julia Mariano, conocida como "La Pocha”,
quien era la dueña del prostíbulo "Channel”, que desde 2005 funcionaba en
los suburbios de la ciudad de Andalgalá, manteniendo a mujeres en una situación
de desprecio por la dignidad humana.
El miércoles se dieron a conocer los fundamentos del fallo.
El delito cometido por Mariano fue el de "Trata de Personas” por acogimiento
con fines de explotación sexual, doblemente agravado por mediar una situación
de vulnerabilidad y por el número de víctimas.
Además, se le decomisó el inmueble que utilizaba para llevar
a cabo la actividad ilícita.
De dichos fundamentos se desprenden datos estremecedores.
Uno de ellos es la forma en la que vivían las seis alternadoras allí y cómo se
iniciaron en la prostitución.
El otro, es que las normas municipales de Andalgalá están totalmente ajenas a las leyes
nacionales vigentes y facilitaron la habilitación comercial de estos lupanares.
De vital importancia fueron los informes y declaraciones de
la licenciada en Psicología, María Verónica Herrera, quien participó del
allanamiento y entrevistó a las seis víctimas.
Herrera explicó que todas las chicas que encontraron en el
local "compartían rasgos de vulnerabilidad psico-social y puntualmente una
estaba con intento de suicidio y llanto, era una de las más jovencitas”.
La profesional indicó que por el patrón de vulnerabilidad,
no consideraba que estén allí por una situación de autodeterminación. Indicó al
juez que al entrevistarlas, todas estaban muy angustiadas y emocionalmente
inestables, asegurando que "no
todas las chicas estaban conscientes de la actividad que realizaban, veían la
situación como normal pero no podían salir solas, salían acompañadas por una
persona transexual” (José "Josefina” Montes, cuya declaración también obra
en la causa).
Los horarios de trabajo eran extensos. Según declaró Montes,
ya que durante la semana, Channel estaba
abierto de 22 a 6 y los fines de semana, de 22 hasta el mediodía. El precio
para tener relaciones sexuales era de 200 pesos y la mitad quedaba para la
dueña como así también quedaba el 60 por ciento de las copas. Por noche, las
alternadoras podían hacer 5 o 6 pases.
Las trabajadoras sexuales no disponían de su dinero, sino
que el mismo era retenido por "La Pocha” hasta completar el mes o la
"plaza”. La mujer les daba 20 o 30 pesos por día para la comida de todo el
día, por lo que las víctimas debían poner siempre más plata para alimentarse.
Además, los productos de limpieza para el lugar eran comprados por ellas.
"Por más que estemos cansadas debíamos permanecer en el
local y no podíamos ir a la habitación a descansar, era como una obligación,
que si íbamos antes nos sacaban multa, teníamos que pagar entre 300 y 500
pesos”, dijo una de las mujeres al ser entrevistadas.
Otra explicó que tenían que trabajar aunque estén enfermas y
que como no había calefacción ni estufas, tenían que hacer fuego y llevar las
brasas para calentarse. "No podíamos tener pareja, La Pocha no nos
dejaba”, relató otra de las víctimas.
Una de ellas contó cómo debía alcoholizarse para poder
llegar a una buena cantidad de pases, y "sí o sí teníamos que quedarnos
hasta que se fuera el último cliente”.
Según los informes que acompañaron al expediente, tres de
las chicas se iniciaron en la prostitución a través de una amiga y
prácticamente todas por necesidades económicas.
En su mayoría, indicaron que habían sido víctimas de
maltratos, violencia, golpes, humillaciones y abusos sexuales como cuestiones
recurrentes en sus historias de vida.
Una de las mujeres señaló que a los 16 años comenzó a ser
víctima de Trata por parte de una persona mayor que le ofreció trabajo en un
bar.
La jurisprudencia en la cuestión de Trata de Personas,
indica que no se trata de un trabajo pactado en igualdad de condiciones, sino
que el consentimiento se da en una situación global de explotación, donde quien
tiene el poder se vale de las necesidades del que no lo tiene.
El eventual e hipotético consentimiento otorgado por las
víctimas, no surge de otra cosa que del ingreso a la prostitución con fines de
supervivencia económica. Reynaga señaló que la imputada se aprovechó de que las
mujeres no pudieron acceder a un empleo formal, de la juventud, de que son
único sostén de sus familias, de que estaban lejos de las mismas y que son de
escasos recursos e instrucción escolar.
Sin ser conscientes de ello, las seis mujeres de Channel
eran esclavas modernas.
Fuente: Mega Digital Andalgalá
