Allí, junto a sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, materializó un registro domiciliario ordenado por la Fiscalía de Instrucción, a cargo del Dr. Gabriel Federico Maturano.
Luego de verificar una motocicleta Gilera roja 110 cc., desarmada, de la cual la moradora no contaba con la documentación correspondiente, los policías consultaron en el sistema informático de la División Sustracción de Automotores de la Policía, y lograron establecer que sobre el rodado obraba un requerimiento judicial desde el día 21 de octubre del año 2017, a raíz de una denuncia penal radicada en el mencionado Precinto Judicial.
Finalmente, el vehículo fue incautado y puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.