La mamá de Sofía, Mabel Beltramello, acompañada por la presidenta y secretaria de AMPA (Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina), Mariana Barbitta y Belén Elkin, respectivamente, solicitan en los términos de los arts. 32 de la ley 24.660 de ejecución y el art. 10 del Código Penal de la Nación, se conceda a la joven el arresto domiciliario.
Entre los fundamentos al pedido, plantean que “la Cámara de Casación Penal ha desarrollado en el fallo “C, O. G. s/ libertad condicional”, (causa nº 76.685/96) que el art. 1 de la ley 24.660 impone una disposición expresa respecto a la finalidad comprometida con una concepción de la ejecución de la pena privativa de libertad dirigida a procurar la reinserción social del condenado”.
En ese sentido, remarcan que “si la ejecución de la pena se orienta a fines de reinserción social, es inconsistente rechazar el uso de instrumentos conceptuales y prácticos que tienen por objeto estimaciones sobre las probabilidades de reinserción social, como lo son el interés que tiene Sofía por estudiar y trabajar”.
Cabe destacar que en el año 2019 Sofía dejó sus estudios en la universidad como consecuencia de su situación de privación de la libertad en el penal. “Si se le concediese el arresto domiciliario ella podría retomar sus estudios y avanzar con la carrera que comenzó hace casi tres años, de la cual lleva aprobadas dos materias, teniendo en cuenta que se vio empujada a interrumpir su curso en el mismo año en que inició sus estudios universitarios”, expusieron.
También destacan que la joven mantiene “una conducta ejemplar en el ámbito de encierro, todos los días se levanta y acude al taller textil donde confecciona trabajos como cortinas, manteles, etc., dejando en claro que es una mujer responsable y trabajadora”.
De esta manera, piden que “se disponga la utilización de una tobillera electrónica, consigna policial, y/o toda medida que entienda pertinente para garantizar el arresto domiciliario de Sofía”.
Además de requerir pedir su prisión domiciliaria para la reinserción, Mabel manifiesta que Sofía “tiene tres personas a su cargo: su abuela Ramona Hernández de 78 años, su hijo menor Felipe Alaniz de 17 años y a mí, que tengo un 70 por ciento de discapacidad recientemente dictaminada en razón de una artritis reumatoidea con afectación severa multiarticular, por lo que requerimos con urgencia la presencia de mi hija en el domicilio para poder acompañarnos y cuidarnos en estos momentos”.
“Para toda la familia es de vital importancia que Sofía pueda acompañarnos diariamente en la vivienda, este pedido de arresto domiciliario debe ser analizado bajo una perspectiva de género, y apuntando a la conservación de los vínculos familiares, prevista en la ley de ejecución que reconoce el derecho de las detenidas a mantener los vínculos familiares y sociales, lo cual, además, debería ser estimulado por la administración penitenciaria, dado que forma parte del pretendido tratamiento dirigido a la reinserción social. Pero lo cierto es que, en la práctica, la pena carcelaria implica una brutal ruptura de los vínculos familiares o afectivos y, en muchos casos, la desintegración de del núcleo familiar”, exponen en los argumentos.
En definitiva, consideran que “la privación de la libertad de Sofía Beltramello se mantiene a día de hoy sin haber analizado el contexto social, cultura y/o económico en el cual se encuentra. Todo lo expuesto demuestra la necesidad de que se resuelva este planteo teniendo no sólo una perspectiva de género, sino en miras a una reinserción social que, en este caso, resulta imprescindible para que Sofía pueda volver a hacerse cargo de su abuela, su madre y su hijo, así como para poder retomar sus estudios universitarios”.
La joven se encuentra cumpliendo condena en la Unidad Carcelaria de Mujeres de Catamarca) desde abril de 2015 por un hecho que, según asegura su mamá, no cometió, y cuyas pericias ratificaron que el autor material del crimen del médico Ignacio Burchakchi fue Marcos Beltramello, primo de la joven, quien recibió la misma pena.
