El fiscal Flores está acusado de utilizar sus fueros para beneficiar a una empresa de transporte propiedad de su esposa en septiembre de 2020, en plena pandemia.
En la primera jornada presentó su declaración el funcionario judicial, quien negó haber cometido un delito y aseveró que pidió “un favor”.
Mientras seguía su declaración, pidió ayuda “al partido” ya que considera que se trata de una cuestión política, más que un cuestionamiento a su desempeño como representante del ministerio público.
También habló de “venganza” por parte de un funcionario político, quien antes era “piquetero” y que, por ese hecho, le habría armado causas penales, lo que ahora lo dejó en el ojo de la tormenta.
Según se desprende de la acusación, el funcionario se habría comunicado con funcionarios del COE de Antofagasta de la Sierra y un comisario de Policía para pedirles que dejaran pasar camiones con alimentos perecederos de la empresa de transporte propiedad de su esposa.
Los vehículos de gran porte habían sido detenidos en un control, mientras se trasladaban con provisiones desde la ciudad de Belén hacia las minas ubicadas en el Salar del Hombre Muerto. Durante un operativo de rutina, se descubrió que los choferes tenían los PCR vencidos, por lo que en un primer momento se les había impedido el ingreso, según publica diario El Esquiú.
Ante esta eventualidad, el fiscal se habría comunicado con personal sanitario que estaba en dicho operativo y les solicitó que dejaran pasar los camiones. Lo cierto es que, minutos más tarde un comisario de apellido Oliva habría llamado a los efectivos que estaban apostados en el sitio, para que dejaran atravesar los vehículos hacia su destino, violando así las disposiciones aplicadas por el Ejecutivo para evitar la propagación del virus.
Por otro lado, en paralelo a este juicio político se lleva adelante en la Justicia penal una investigación en contra de Jorge Flores por el delito de “tráfico de Influencias”, por lo que está sospechado junto a otras personas que habrían formado parte de este hecho.
El tribunal está integrado por el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario, junto a Raúl Chico representando al Senado, por la Cámara de Diputados, están Augusto Barros y Juana Fernández y los representantes del Colegio de Abogados son María Antonia Rojo y Adriana del Carmen Gómez.
El fiscal de Jury es Alejandro Dalla Lasta, mientras que la defensa del cuestionado funcionario judicial está a cargo de Ricardo Riol y Samuel Aguiar.
El debate se debe reanudar hoy con la declaración de los primeros testimonios.
