Se trata de un comerciante de la Zona de FME de apellido Bienatti dueño de un RESTOBAR CAMINO REAL, en pareja con una mujer de apellido IBAÑEZ quien luego de denunciarlo por violencia de genero, logro la expulsión del local comercial argumentando que allí es donde vivian. Al poco tiempo, el comerciante se anoticio que le restaban desvalijando su local comercial y luego de la denuncia la policía encontró todas las cosas en la casa de su pareja IBAÑEZ. El damnificado aseguró que la mujer percibe una pensión por discapacidad pero que se encuentra en perfecto estado.
Tras multiples denuncias por presunta violencia de género desde noviembre del 2023toma participación el Juzgado de Familia de Tercera Nominación y en octubre de 2023 al hombre le impusieron una prohibición de acercamiento y exclusión del hogar. desde allí nunca mas pudo volver, ni tampoco trabajar.
los vecinos le informaron que le estaban vaciando su comercio y alertado Bienatti hizo la denuncia penal correspondiente y los elementos –valuados en varios millones de pesos-, fueron hallados en el domicilio real de la mujer, de donde fueron secuestrados por la Policía, por orden judicial.
A principio de marzo, el empresario cambió de patrocinante legal y tomó los servicios del abogado Bruno Jerez, quien realizó una presentación ante el Juzgado de Familia pidiendo que se revea lo actuado, se investigue a la mujer por supuestas falsas denuncias de violencia de género y que se restituya el inmueble al empresario.
En la presentación, explicó que como consecuencia de las denuncias, el Juzgado le impuso restricciones y exclusión del hogar -el restaurante donde la mujer dijo que vivía-, “haciendo incurrir en un equívoco a ese tribunal (porque el local es alquilado como comercio y no está acondicionado para vivienda). O sea que de manera intencional y maliciosa, conocedora del daño que iba a provocar en su denuncia, declaró falsamente el domicilio del negocio, siendo que tiene domicilio real en otro lugar”.
En diálogo con Catamarca Actual, el Dr. Jerez consideró que la denunciante, “haciendo uso de la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, logra beneficios secundarios para tratar de enriquecerse sin causa, en una aparente modalidad fraudulenta”.
Manifestó además que cualquier denuncia hecha ante autoridad judicial por una mujer o integrante de la comunidad LGTB, impulsa una medida cautelar de lanzamiento del hogar y prohibición de acercamiento al "violento", y que la misma medida rige tanto para una denuncia real como para una denuncia falsa. Pero que en todos los casos la expulsión recae sobre el hombre.
además, iniciada la denuncia muchas mujeres suelen inscribirse en programas nacionales para percibir una ayuda económica equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
Bruno Jerez enfatizó que "la protección a la mujer es imperativa, necesaria y que debe continuarse", y remarcó que "hasta que el sistema se perfeccione, deberán realizarse controles judiciales rigurosos para erradicar la posibilidad de estafas o fraudes procesales dentro de nuestro sistema judicial".
"Conozco casos en que el hombre ha sido perseguido penalmente determinando privaciones de la libertad, sin que medie causa suficiente. Inclusive abriéndoles sumarios administrativos o expulsándolos del trabajo por una denuncia por violencia de género", agregó.
Perspectiva de género
"El mal uso o indebido uso de la perspectiva de género altera el orden social que las leyes deben perseguir, creo que se debe restablecer el orden mediante legislaciones armónicas e inteligentes. Pero es indudable que la protección a la mujer debe continuar con la fortaleza que tiene actualmente".