Se trató de un hecho inédito, ya que esta entrevista fue expresamente solicitada por la defensa a pesar de no estar formalmente incluida en el Reglamento, y si bien debido a ello hubo algunas reticencias para concederla, finalmente se llevó a cabo de forma presencial y pública en la sede del Consejo, contando con la importante participación del Presidente de la Comisión, el Dr. Miguel Piedecasas, y el Vicepresidente de la Comisión, el Dr. Rodolfo Tailhade, quienes escucharon atentamente a la Dra. Pozzer Penzo alrededor de 30 minutos.
Esto ha supuesto un avance muy importante en el marco del procedimiento del Consejo de la Magistratura, ya que es la primera vez que se permite que la persona denunciada ejerza su derecho a ser oída sin que haya existido una convocatoria en los términos del artículo 20 del Reglamento, lo cual refleja un verdadero respeto por los derechos y garantías constitucionales de defensa que deben regir en cualquier tipo de proceso en el marco de un Estado de Derecho.
Vale recordar que en febrero la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo, con el patrocinio letrado de la abogada Mariana Barbitta, presentó ante la Fiscalía General de la órbita federal en Corrientes una denuncia contra un secretario y un ordenanza del Juzgado Federal de Goya, exponiendo "graves e ilegales acciones que ambos desplegaron en el ejercicio de sus funciones", informaron a través de un comunicado.
Concretamente se denunciaron 12 hechos acontecidos desde el mes de octubre de 2023, y particularmente en febrero del corriente año, vinculados a la destrucción de elementos de prueba (rompiendo la cadena de custodia), la omisión de cumplir con el deber de remitir información de las distintas causas, incurriendo en injustificadas demoras que han puesto en riesgo los procesos judiciales de diferentes expedientes, la desobediencia de órdenes emitidas por funcionarios superiores (como son la magistrada y la Cámara).
También se denunció que el secretario y el ordenanza se arrogaron facultades de jueces/zas y actuaron instruyendo procesos penales sin consultar a la magistrada a cargo del Juzgado cometiendo faltas graves como la de no preservar los datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad.
Ante tal situación el gremio de los empleados judiciales había presentado una denuncia contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y maltrato cotidiano ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.