Según informaron fuentes judiciales, en las últimas horas se presentó formalmente el pedido de constitución de querellante particular, patrocinado por el abogado Luciano Rojas. Ahora, la fiscalía cuenta con un plazo legal de tres días para dictar resolución sobre dicho requerimiento y notificar a la defensa del denunciado. Si no se presenta oposición, la querella quedará confirmada.
Investigación en curso y protocolo especializado
Hasta el momento, no hay personas imputadas en la causa. Sin embargo, la fiscal Antonino ya dispuso medidas investigativas clave, cuyos detalles no se difundieron para preservar la confidencialidad del proceso.
El caso se está abordando según el Protocolo de actuación para casos de abuso sexual, que garantiza una investigación con perspectiva de género, el resguardo de los derechos de la víctima y la protección de las pruebas, evitando cualquier forma de revictimización.
La denuncia, que involucra a una figura que habría ocupado un cargo público, mantiene en alerta a la comunidad y reaviva el debate sobre el accionar de funcionarios frente a situaciones de violencia de género.