La causa por la llamada banda de los usurpadores avanza en los tribunales de Catamarca, pero todavía deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llega la red de responsabilidades? ¿Quiénes sabían y callaron? ¿Quiénes permitieron, desde su función, que se concretaran maniobras fraudulentas amparadas en la legalidad?
El abogado Carlos Uslenghi representa a varios damnificados y asegura que la investigación aún no ha tocado los puntos más sensibles del caso. “Faltan el juez, un martillero y un abogado que participaron activamente en estas estafas. Ya los tenemos identificados. Esto no pudo hacerse sin su intervención”, declaró en diálogo con FM República.
La causa comenzó con siete detenciones durante un fin de semana largo. A los pocos días, los implicados ya eran 21. Entre ellos hay policías, particulares y funcionarios judiciales, algunos detenidos y otros en libertad bajo caución. Pero, según el letrado, la investigación se frena al llegar a las estructuras más altas.
“El juez no puede alegar desconocimiento. Si un fallo se basa en documentos falsos, y aun así se ignoran advertencias expresas de las víctimas, ya no se trata de un error: hay desinterés o connivencia”, advirtió. Y agregó: “Nadie puede alegar su propia torpeza, y mucho menos quien ejerce el poder de decidir sobre la propiedad de otro”.
Uslenghi señala además a un martillero y a un abogado que, según afirma, jugaron un rol activo en las maniobras. Aunque no reveló sus nombres públicamente, sostuvo que las pruebas están presentadas. “Han intervenido directamente en las operaciones que permitieron la usurpación de inmuebles, utilizando mecanismos procesales con apariencia legal pero sustentados en documentos truchos”, detalló.
El abogado también cuestionó el rol pasivo de algunas instituciones. “El Colegio de Abogados no se ha pronunciado. Yo mismo presenté una nota, pero su respuesta fue organizar un torneo de fútbol. Mientras tanto, los que dicen representarnos están sentados sin hacer nada”, denunció.
Otro punto crítico que remarcó fue la validación judicial de prácticas usurarias. “El prestamista informal no tiene amparo legal. No es una actividad comercial, es usura, y está penalizada. Si los jueces convalidan esto, no están defendiendo la ley: están habilitando el delito”, sostuvo con firmeza.
Para Uslenghi el silencio social también es parte del problema. “En los años 90, sin celulares ni redes, Catamarca logró que se hiciera justicia en un caso que fue tapa nacional. Hoy, con todos los medios disponibles, parece que nos acostumbramos a mirar para otro lado”, lamentó.
El abogado concluyó con una advertencia que apunta al corazón del sistema judicial: “Los jueces deben buscar la verdad real, no quedarse en lo meramente formal. Si se transforman en simples aplicadores de códigos, un algoritmo podría hacer su trabajo. La justicia necesita compromiso humano. Y hoy, eso está fallando”.