El caso de Yago, un joven catamarqueño con discapacidad motriz que denunció públicamente a su madre por presunta violencia física, psicológica y económica, continúa generando conmoción y repercusiones judiciales en la provincia.
Tras la difusión de su historia, que generó un fuerte impacto social y mediático, la Justicia resolvió imponerle a la progenitora una restricción de acercamiento de 200 metros.
La abuela rompió el silencio
María Cristina, abuela de Yago, confirmó la medida y explicó que se encuentra vigente tras la denuncia formal del joven.
Además, detalló que se están realizando gestiones en la Defensoría para que se retome el pago de la cuota alimentaria que la madre debería aportar para su hijo, quien depende económicamente de su entorno para cubrir tratamientos, movilidad y asistencia diaria. Sin embargo, el trámite se encuentra demorado, lo que agrava la situación de vulnerabilidad que atraviesa Yago.
Un grito de auxilio
El caso expone no solo la dura realidad de muchas personas con discapacidad que sufren maltratos dentro del ámbito familiar, sino también la lentitud y burocracia del sistema para dar respuestas urgentes.
Organizaciones sociales y defensores de los derechos de las personas con discapacidad han comenzado a exigir acciones concretas del Estado provincial para garantizar la seguridad y el bienestar del joven, quien hoy está al resguardo de su abuela.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa en curso. La historia de Yago no solo destapó una dolorosa situación personal, sino que encendió las alarmas sobre la necesidad de mayor protección y acompañamiento para los sectores más vulnerables.