Con esta medida, el Tribunal también declaró nula la acusación formulada por Barros, al considerar que ya existía la sospecha de una posible falta de imparcialidad. Además, solicitó a la Corte de Justicia que designe un nuevo fiscal, ya que el suplente, Miguel Mauvecín, se encuentra de licencia.
El escándalo se desató tras conocerse que Arturo Herrera Basualdo, secretario relator del ministro de la Corte Jorge Bracamonte y exabogado del empresario Cristian Guillou (dueño de Wika y denunciante de Costilla), había enviado por correo electrónico un borrador con preguntas para dos testigos del Jury. Ese documento luego fue utilizado por el fiscal Barros en el proceso contra Costilla.
Para la defensa de Costilla, encabezada por el abogado Daniel Ortega, esto ponía en evidencia una connivencia entre el acusador y una de las partes interesadas, lo que afectaba la objetividad del proceso.
Barros se defendió alegando que estaba sobrecargado de tareas en otro juicio por jurados y que, por una cuestión práctica, recurrió a Herrera Basualdo —con quien dijo tener amistad de 20 años— para revisar las preguntas. Negó cualquier tipo de conspiración o presión externa. Herrera Basualdo, por su parte, ofreció su teléfono celular a la Justicia para demostrar que no existió ninguna conducta ilícita.
El Tribunal analizó el pedido de apartamiento de Barros y resolvió:
Si bien la ley no permite recusar a un fiscal, sí contempla que este pueda excusarse voluntariamente.
Barros no se excusó formalmente, pero presentó su renuncia como fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento ante la Corte de Justicia. Los jueces interpretaron esto como un reconocimiento implícito de que no debía continuar en el cargo.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la garantía de objetividad del acusador es un principio fundamental.
En base a estos puntos, el Tribunal consideró que el apartamiento correspondía y, además, declaró la nulidad de la acusación original.
La decisión fue firmada por el presidente del Tribunal, Hernán Martel, el senador Augusto Ojeda, los diputados Damián Brizuela y Carlos Marsilli, y los abogados Federico Pague y María Cecilia Martin.
Con esta medida, el proceso contra Costilla por el caso Wika entra en una nueva etapa: los plazos procesales se reanudarán una vez que la Corte designe al nuevo fiscal acusador.