En un importante operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina lograron desarticular una organización criminal dedicada a la sustracción, comercialización y distribución ilegal de información digital sensible perteneciente a organismos estatales y empresas privadas.
La investigación comenzó en octubre de 2025 por disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo del fiscal Ramiro González, quien encomendó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado la realización de tareas investigativas para determinar el funcionamiento de la estructura delictiva.
A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores lograron identificar a los administradores de diversas cuentas de Telegram utilizadas para ofrecer bases de datos vulneradas y otros activos digitales obtenidos de manera ilegal. Además, se preservó evidencia vinculada a bots informáticos comercializados a través de esos canales de mensajería.
Según se pudo determinar, la organización operaba principalmente en entornos digitales utilizando herramientas automatizadas capaces de acceder a información altamente sensible. Entre los datos comprometidos figuraban registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dominios vehiculares de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a plataformas como Mi Argentina y PAMI.
De acuerdo con la investigación, la información obtenida era comercializada en mercados ilegales y posteriormente utilizada para la comisión de diversos delitos, entre ellos estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras fraudulentas.
Los investigadores también detectaron que la organización contaba con una compleja red de hackers y utilizaba billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas para canalizar y redistribuir las ganancias obtenidas de manera ilícita. Asimismo, algunos de los integrantes cumplían funciones conocidas como "mulas digitales", utilizadas para mover fondos y dificultar el rastreo del dinero.
Mediante análisis de trazabilidad financiera, inteligencia digital y geolocalización de conexiones IP, los especialistas lograron establecer los vínculos operativos entre los distintos miembros de la banda.
Además, durante las tareas investigativas se comprobó que esta estructura mantenía relación con otra organización criminal transnacional desarticulada en octubre de 2025, vinculada a una comunidad de ciberdelincuentes conocida como “Dictadores”. Según los investigadores, varios de los sospechosos integraban ambas organizaciones dedicadas al desarrollo y explotación de infraestructuras cibernéticas ilegales.
Con todas las pruebas reunidas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9, a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos, ordenó la realización de once allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, incluyendo localidades de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos.
Debido a la magnitud del operativo participaron 128 efectivos de diferentes áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, entre ellas el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), unidades de tecnología forense, divisiones de comunicaciones y grupos tácticos desplegados en varias provincias.
Durante los procedimientos se aplicaron protocolos específicos para la identificación, preservación y análisis de evidencia digital, tanto en dispositivos electrónicos como en entornos virtuales asociados a la investigación.
Como resultado de los allanamientos fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años. Además, se secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, una tablet, discos de almacenamiento, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.
Los detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de las maniobras y la posible existencia de otros integrantes vinculados a la organización.