El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) encendió las alarmas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Catamarca al incluir a la provincia en su informe anual 2025 por la existencia de prácticas sistemáticas de violencia institucional dentro de los espacios de encierro.
El documento señala que Catamarca aparece vinculada a tres modalidades de violencia consideradas graves: represalias físicas ante reclamos de los detenidos, medicación forzada sin criterio médico y uso indiscriminado de armas menos letales durante conflictos internos.
Según el informe, en la provincia hay 511 personas en contexto de encierro, aunque no se detallan los establecimientos penitenciarios o de detención donde se encuentran alojadas.
Golpizas como respuesta a los reclamos
Uno de los puntos más preocupantes del informe hace referencia a presuntas agresiones físicas contra personas detenidas que intentan reclamar por sus derechos o presentar solicitudes dentro de los establecimientos.
El CNPT sostiene que los mecanismos institucionales para canalizar reclamos son poco claros y que, en algunos casos, las respuestas terminan siendo represivas.
Entre los testimonios recogidos, el organismo menciona situaciones ocurridas en Catamarca donde se denunciaron golpizas dentro de un sector conocido como “la torre”. Según los relatos, algunas personas habrían sido suspendidas de sus extremidades superiores utilizando postes o escaleras, mientras que otras fueron sometidas a la denominada posición “barquito”, permaneciendo esposadas de pies y manos por la espalda durante varias horas.
Medicación forzada y sujeciones
El informe también identifica prácticas de medicalización forzada en la provincia. Aunque señala que estos episodios fueron menos frecuentes que en otras jurisdicciones, advierte que existen registros de personas sometidas a inmovilizaciones físicas o químicas sin criterios médicos adecuados.
De acuerdo con el relevamiento, estas situaciones incluyen la administración de medicación sedante a personas que previamente fueron sujetadas a camas o camillas, provocando estados de somnolencia como forma de control.
Además de Catamarca, estas prácticas fueron registradas en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Misiones.
Uso de balas de goma y agentes químicos
Otro de los aspectos observados por el Comité es el uso de armas menos letales para controlar conflictos dentro de los establecimientos de detención.
Según el informe, en Catamarca se relevaron procedimientos en los que grupos de requisa ingresaron a pabellones utilizando balas de goma y aerosoles químicos irritantes de manera indiscriminada, alcanzando incluso a personas que no estaban involucradas en los incidentes que se intentaban controlar.
La provincia integra una lista de jurisdicciones donde se detectaron este tipo de intervenciones, junto con Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tucumán y el Servicio Penitenciario Federal.
El informe también analiza las muertes ocurridas dentro del sistema penitenciario. En el caso de Catamarca, se registró una muerte en 2022, una muerte en 2023 y dos en 2024.
Esto implica que la tasa de mortalidad pasó de 1,9 por cada mil personas privadas de la libertad en 2022 a 3,7 en 2024, casi duplicándose en apenas dos años.
A nivel nacional, el CNPT informó que las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3% entre 2022 y 2024, acompañando el crecimiento de la población encarcelada. El organismo advirtió además que la mortalidad entre personas privadas de la libertad menores de 40 años es significativamente superior a la registrada en la población general de esa misma franja etaria.
Otro dato que destaca el informe es que Catamarca continúa sin contar con un mecanismo local de prevención de la tortura, una herramienta impulsada por organismos de derechos humanos para supervisar las condiciones de detención y prevenir situaciones de violencia institucional.
Para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, las prácticas relevadas en distintas provincias, incluidas las denunciadas en Catamarca, no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de patrones institucionalizados que se repiten de manera sistemática y afectan a numerosas personas en contextos de encierro.