Con quórum legal suficiente, con la presencia de siete legisladores sobre un total de trece integrantes de la comisión, los diputados se reunieron en Santa María para analizar no solo la situación conflictiva de San José, sino que también recibieron numerosos planteos de los pobladores, quienes manifestaron su disconformismo y temor por la falta de credibilidad al Poder Judicial.
Por diversas denuncias realizadas y que no tuvieron respuestas, la comisión se encuentra analizando un video – grabación aportado por un ex funcionario de la Municipalidad de San José. En ese video se podría ver claramente un dialogo de cuatro personas, una de las cuales amenaza al resto que de no actuar en un sentido determinado, sino serán perseguidos penalmente por el fiscal González, quien contaría para ello con el apoyo del ministro de Gobierno Javier Silva. Amenazas estas que fueron concretadas por el fiscal González en contra de la intendenta Mónica Hernández y de miembros de su gabinete.
De esta manera, se puso de manifiesto la preocupante situación que atraviesa Santa María, no solo por los conflictos en San José, sino las innumerables denuncias de los propios pobladores en contra de la Justicia.
Jorge Lagoria expresó a la comisión que el propio fiscal Dr. Marcelo González habría efectuado manifestaciones en un bar de la ciudad, en el sentido de que se iba a encargar de impedir que el municipio de San José y de Santa María pueda seguir gobernando. Puso acento en la circunstancia de que González actúa en fines políticos en desmedro de las autoridades municipales constituidas en Santa María y San José abonando razones para que la comisión sea receptora de denuncias en relación al actuar del mencionado fiscal.
La comisión sesionó en el Salón del Hotel de Turismo de Santa María ante la presencia de unas ochenta personas aproximadamente, quienes manifestaban el interés de ser escuchadas.
Las conclusiones de la Comisión de Diputados fueron las siguientes:
- Que hemos advertido en la totalidad de las exposiciones llevadas a cabo, un predominante temor sobre la trascendencia que las mismas pudieran tener en la localidad, temor que nos lleva a evitar al menos en este informe la indicación de los nombres propios de las personas que han tenido la decisión de concurrir y exponer ante la comisión, entendiendo ellos que esta comisión representaba una vía idónea para resolver sus inquietudes.
- Esta creencia de los ciudadanos de que la comisión podría ser resorte a la solución de sus problemas, ha sido interpretada como señal de ausencia de canales de contención para con esos vecinos de Santa María y San José, particularmente en la función de las autoridades policiales, a las que en forma recurrente se les reprocha la falta de atención y respuesta y en forma general, a la actuación del órgano judicial que tiene a su cargo la investigación de los hechos delictivos.
- Así nos ha causado una gran sorpresa una serie de exposiciones relacionadas con existencia de un desarmadero en la ciudad de Santa María que es propiedad de un funcionario judicial, Jefe de Despacho de la Fiscalía Sr. Albarracín, quien a su vez oficiaría como reducidor de objetos sustraído, en cuyo deposito se han encontrado bienes de propiedad de ciudadanos que oportunamente impulsaron denuncia por hurto y/o robo de bienes y que azorados se anotician de que tales bienes se hallan en el desarmadero mencionado.
- Que en todos los casos las respuestas que recibieron tales ciudadanos de parte del funcionario judicial titular de ese desarmadero, fue que no recordaba de quién había adquirido tales bienes. Ello se patentiza en casos que refieren a bienes como una campana sustraída de una escuela, un casco de vehículo automotor sustraído a un particular, accesorios parte de un tractor también sustraído a un particular, y la sospecha generalizada manifestada por los concurrentes, en relación a la supuesta vinculación de este desarmadero con hechos de publico conocimiento en la localidad relacionado con la sustracción del tendido de cables de alumbrado público para obtener el cobre de los mismos.
- También nos causó un gran estupor, manifestación recurrente de los asistentes en el sentido de que el mismo funcionario judicial antes mencionado Jefe de Despacho Sr. Albarracín, en las propias dependencias de la fiscalía, realizaría operaciones de créditos personales, prestando dinero a tasas elevadas (60% mensual) a interesados en su obtención, sumas de dinero que al no ser reintegradas en tiempo oportuno, motiva la ejecución judicial en ese mismo palacio judicial a través de la esposa del mencionado funcionario, tramitación que obtiene una celeridad notable en comparación con el resto de las actuaciones judiciales.
- Han sido además numerosos los reclamos de vecinos en relación a la demora en la tramitación de sus denuncias penales, atraso que redunda en el favorecimiento de los involucrados que poseen vinculación por lazos de amistad, familia, negocios o afinidad política, con funcionarios del poder judicial. Inscribimos en ello además algunos casos donde ante homicidios culposos por accidentes de tránsito, existen quejas de los denunciantes, de que la posibilidad de su resolución o descubrimiento ha sido frustrada por inacción judicial patentizada en la ausencia de investigaciones idóneas para arribar a su esclarecimiento. Lo mismo sucede con la suerte de las denuncias efectuadas por ciudadanos victimas de abuso policial.
- Como correlato de todo lo antes señalado, la comisión se encuentra además analizado un video – grabación aportado por un ex funcionario de la municipalidad de San José, en el que claramente se puede observar un dialogo de cuatro personas, una de las cuales amenaza al resto que de no actuar en un sentido determinado, serán perseguidos penalmente por el Fiscal González quien contaría para ello con el apoyo del ministro de Gobierno Javier Silva. Amenazas estas que fueron concretadas por el Fiscal González en contra de la intendenta Mónica Hernández y de miembros de su gabinete.
- También esta comisión analizó la situación particular de la detención de la Intendente Mónica Hernández, quien por la misma causa que el fiscal hoy la mantiene detenida, fue indagada en Junio de 2010, sin que por ello se haya en ningún momento ordenado su detención, salvo la concretada en forma inoportuna en el mismísimo momento de su reasunción en el cargo de Intendenta de San José, provocando con ello el mayor estrépito social que pudo obtener en perjuicio de la ya alicaída imagen publica del poder judicial de Santa María.
- A modo de conclusión, y a más de lo antes expresado, observamos un pueblo atemorizado e inseguro. Un grave deterioro de la imagen del poder judicial, respecto de cuyo poder ha desaparecido la confianza ciudadana, sea cuando su actuación se traduce en lo abusivo, sea cuando se traduce en la inactividad inspirada en la protección de personas vinculadas con quienes deben impartir justicia, en ambos casos en perjuicio de la ciudadanía santamariana, con el agravante que en otros casos se actúa con exaltación de las potestades jurisdiccionales en dudosos operativos judiciales con gran trascendencia en el ámbito de lo político.