El gobierno de Eduardo Brizuela del Moral prácticamente ha asumido en público que los operativos para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, por parte de los diputados que responden, volverán a fracasar. La poca fe del oficialismo se justifica, si las maniobras están a cargo de los sobrinos Juan Pablo Millán o Rubén Herrera.
La Cámara Baja, desde diciembre de 2007 en manos de la oposición peronista y también radical, ha asumido el verdadero rol que le compete, el de controlar al Poder Ejecutivo, el de cuestionarle procedimiento y hasta el de impugnarle funcionarios. Es decir, esta decidida a no ser como la Cámara de Senadores, que controlada por el oficialismo, ha asumido el rol de una mediocre escribanía que solo avala y justifica irregularidades del Ejecutivo.
Por eso es que el Presupuesto elaborado desde la Cámara de Diputados, que ronda los 74 millones de pesos anuales, el Ministerio de Hacienda lo redujo 56 millones. Irónicamente, la dócil Cámara de Senadores dispondrá de 57 millones de Presupuesto. No hay justificativos para semejante despropósito. No solo porque el Cámara Baja tiene más legisladores que Senadores, 41 diputados contra 16 senadores, sino porque la merma ni siquiera reconoce los aumentos inflacionarios.
No se levantan voces en defensa de la institución, pero lo que ha dispuesto el magro gobierno de Eduardo Brizuela, en despecho por la insolencia de objetarle a funcionarios y funcionarias muy suyas, como José Sinner, Marta Torres de Mansilla, Catalina Krapp o Stella Sartor de Zurita, es un verdadero castigo por el solo hecho de ejercer su rol constitucional, que es el de controlar al Poder Ejecutivo.