Orellana justificó su medida en la falta de respuesta de la Justicia ante las denuncias de malversación del intendente de 90 millones de pesos que ingresó a Andalgalá en concepto de regalías y utilidades mineras.
“Esto es un viva la joda, no podemos seguir entregando nuestros recursos naturales para el enriquecimiento de los funcionarios, ellos son los que nos están dividiendo (por el conflicto minero)”, puntualizó.
En ese contexto, manifestó su apoyo a la solicitud de cierre de Agua Rica en los próximos 25 días, exigido por los ambientalistas locales. “Nuestro hospital es una posta, por eso no podemos decir que la minería sea una política de Estado”, cuestionó.
Al mismo tiempo, la ex edil insistió en que los andalgalenses “no vamos a entregar nuestros recursos a cambio de nada”, solicitando que “la minería venga cuando haya un gobierno que defienda los intereses de nuestro pueblo y no el del intendente y sus amigos”.
Por último, advirtió que –de ser necesario- se mantendrá encadenada durante el lapso de cinco días. “Yo no le debo nada a nadie, ni a las mineras”, sentenció.