Se confirmó que el martes, el fiscal de Estado de Mendoza, Joaquín De Rosas, y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini radicaron en la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte Suprema nacional, un escrito que se anexó a la causa por la cual la provincia cuyana demandó al Estado nacional a raíz del decreto 699/10 de la presidenta Cristina Fernández, que prorroga la promoción industrial hasta 2027 en las provincias vecinas.
Fuentes judiciales confirmaron que los funcionarios mendocinos hicieron la presentación del escrito el martes y señalaron que con el mismo la Provincia, que había acudido a la Corte el 2 de junio para que la misma declarara inconstitucional el decreto 699 y dictaminara una medida de no innovar, busca dejar en punto muerto la causa contra la administración nacional.
Además, las fuentes confirmaron que la Fiscalía de Estado de Mendoza también solicitó en el mismo escrito un "pronto despacho", por lo tanto se estima que la Corte tomará una decisión el próximo martes, ya que "no tarda más de una semana en resolver estos pedidos".
Sin embargo, ninguna de las fuentes cercanas a los jueces del máximo tribunal se animó a confirmar si el escrito de los representantes del Estado mendocino es para pedir la desestimación del proceso (tanto de la acción declarativa de certeza como del amparo) o bien una suspensión del proceso judicial para poder acordar con la Nación una salida extrajudicial; en este último caso, la Corte pasaría a ser garante del cumplimiento del posible acuerdo entre las partes.
Pero en Buenos Aires todas las fuentes consultadas, tanto judiciales como políticas, dieron por sentado que la presentación de la Provincia de Mendoza es un pedido a la Corte (que ya está en condiciones de abocarse al estudio del tema porque el procurador Esteban Righi entendió que tiene competencia) para que desestime la causa contra la Nación.
En primer lugar, porque ésta es la exigencia que la Nación fijó a todas las provincias que mantienen pleitos contra la administración federal para que éstas puedan acceder al Programa de Desendeudamiento, que Jaque rubricó con Cristina el 26 de agosto.
Por el mismo, Mendoza accederá a una rebaja de la deuda de 424 millones de pesos y una reprogramación del saldo -2.458 millones de pesos- a 20 años, con un año y medio de gracia. Pero a pesar de que el Gobernador Jaque y la Presidenta firmaron el convenio, éste quedó supeditado a que en 90 días la Provincia retire de la Corte su demanda contra la extendida promoción industrial.
Además, las fuentes políticas agregaron otro elemento: la Presidenta tiene en su despacho un nuevo decreto por el cual se incorporará a siete departamentos mendocinos al régimen de promoción que tienen San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Éste es el principal acuerdo que hay entre las provincias de la región y Mendoza, producto de una ardua negociación, tutelada por la Casa Rosada, para hallar una salida al conflicto que desató el decreto 699.
"Hasta que Mendoza no levante su demanda ante la Nación, Cristina no firmará nada", explicó un vocero del Gobierno nacional que agregó que el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, son los autores del texto que está a la firma de Cristina Fernández.