El gobernador Beder Herrera, con el patrocinio del fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, solicitó al máximo tribunal que se corra traslado a la Provincia de la demanda presentada por el Estado mendocino a fin de ejercer en plenitud todas las defensas pertinentes.
En el escrito, el Gobierno Provincial señala que la terminación sin continuidad alguna de un régimen de promoción vigente, genera consecuencias directas e inmediatas sobre la Provincia cuya actividad industrial se basa en la existencia de esa medida de fomento estatal. En sus fundamentos, el Gobierno Provincial afirma que las empresas promocionadas brindan empleo a más del 10 por ciento de la Población Económicamente activa de la Provincia, lo que equivale a aproximadamente 12.000 fuentes de empleo.
La Provincia de La Rioja tiene derecho a intervenir como parte en estas actuaciones porque el resultado de este proceso impactará decisivamente en su desarrollo de ahora en adelante. Esta incidencia operará, tanto cuando se produzca el tratamiento de la medida cautelar en estudio, como cuando se expida el Tribunal sobre la pretensión de fondo, agrega la presentación del Gobierno riojano.
En el escrito enviado al máximo órgano de la Justicia Nacional, el Gobierno Provincial sostiene que su solicitud se funda en el artículo 90 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto prevé la intervención voluntaria de terceros en calidad de parte, en todo proceso, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, respecto de quienes acrediten sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. De manera indirecta, la procedencia de esta acción halla fundamento en las cláusulas del artículo 75 incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), así como en el derecho a la tutela judicial efectiva.