Evidentemente no hizo falta mucha presión de Nación sobre Eduardo Brizuela del Moral, en su extorsión a la provincia; sino, cómo debe entenderse que el primer mandatario firmó un convenio bilateral por el cual su gobierno renuncia a los siete reclamos judiciales que tenía contra la Nación.
Estos reclamos eran: una acción declarativa de certeza por el pago del 82% móvil; una demanda por las retenciones a las exportaciones mineras; otra acción de inconstitucionalidad que perseguía la correcta distribución de lo recaudado por el impuesto adicional de Emergencia a los Cigarrillos; un planteo de devolución de fondos coparticipables que se destinaban al financiamiento de la AFIP; un planteo de hacer coparticipable lo que Nación percibía en concepto de impuesto a los débitos y créditos bancarios; una demanda por aportes y contribuciones, y una acción de amparo que la provincia presentó para ser incluida en el Programa de Desendeudamiento.
La renuncia a todos esos planteos judiciales, lo que disciplinadamente realizó el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, fueron exigidos por la casa Rosada para incluir a la provincia en el Programa Federal de Desendeudamiento.
Ahora se sabe, que el 31 de agosto pasado, el primer mandatario se reunió con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y firmó un Convenio Bilateral que establece los términos y condiciones del Programa Federal de Desendeudamiento y un acuerdo complementario por el que se desiste de las acciones judiciales que había iniciado la provincia contra el Estado nacional.
Ese acuerdo es el que ayer fue aprobado ayer por la Cámara de Senadores y que ahora deberá ser tratado y aprobado por la Cámara de Diputados.
El acuerdo incluye la renuncia a dos planteos que tuvieron un gran despliegue periodístico por parte del oficialismo, la acción declarativa de certeza que se presentó en noviembre de 2009 por el que se pretendía que la Justicia interprete el Convenio de Transferencia que ambas partes firmaron en la década del 90 para determinar si Nación o Provincia debía pagar el 82% móvil a los jubilados y el reconocimiento de la deuda de $ 800 millones que AFIP le reclamaba a la Provincia por diferencias en el pago de aportes patronales.