Lamentablemente, para los intereses de la ciudadanía, cubren todos los cargos de todos los ministerios del gabinete provincial. Son personas que llevan años ejerciendo distintos cargos, que cambiaron considerablemente sus niveles de vida, que cometieron errores garrafales desde sus escritorios, que costaron millones al erario publico provincial, pero que siguen ahí, vivitos y cobrando.
Ay nombres de famosos, que ya no ocupan cargos, pero que siguen cobrando suculentos salarios en concepto de asesores o de representantes de la provincia en ignotas organizaciones nacionales. Son todos fracasados, no en su vida personal, pero si en su vida publica. Córdoba Molas, Mazzoni, Torres de Mansilla, Acuña de Brizuela del Moral, Krapp, Galera, Ferreyra y Acosta son solo alguno de los apellidos más ilustres de ese lote de funcionarios temerarios que pasaron a una mejor vida, la de la baja exposición publica, muchos de ellos percibiendo igual importantes salarios.
Pero lamentablemente hay una lista larga todavía de verdaderamente peligrosos funcionarios que siguen en sus puestos, a pesar de sus errores, que en cualquier gestión gubernamental apenas modesta ya hubieran sido echados, cuando no enjuiciados.
A nosotros nos provoca vergüenza ajena nombrarlos, pero en atención a nuestra obligación de decir verdad se nos ocurre solo referenciarlos en sus logros más notorios en la función, que no son buenos claro, sino más bien malos, hasta el punto de convertir en verdaderas tropelías amparadas por ese manto protector de la buena imagen personal de Brizuela del Moral, que parece poder obrar milagros.
Esta el caso vergonzoso de la pretensión oficialista de colgar una línea que provea a nuestro valle central de la energía eléctrica que tanto necesita. La famosa línea San Martín-Capital, única obra que mejorará el servicio eléctrico provincial, que no se hace porque se priorizaron obras como el estadio de futbol, sufrirá una complicación a partir de la presentación que hizo la distribuidora de luz riojana, EDELAR, ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La empresa solicitó al organismo que no autorice el inicio de la línea, cuyo primer tramo ya fue licitado, por las consecuencias negativas que podría tener para el servicio en la vecina provincia.
En un planteo legal que hizo el año pasado ante el ente federal, EDELAR solicitó que no se emita el certificado de conveniencia y necesidad pública de la ampliación al sistema de transporte eléctrico de Catamarca, ni tampoco se le permita abastecerse de una línea de alta tensión que va desde Recreo a La Rioja, hasta tanto cumpla con lo la propuesta oficial que se analizó en una audiencia pública de mayo pasado.
El escándalo tomo estado publico a partir de la presentación de La Rioja, pero la (i)rresponsabilidad de los funcionarios de Brizuela del Moral surgió de una voz importante del mismo radicalismo. "Nosotros no hemos cumplido con el convenio que se firmó con La Rioja (para el uso de la nueva estación transformadora riojana para el suministro energético a nuestra provincia)", denunció el miembro del ENRE- Catamarca, Augusto Acuña. "Los riojanos accedieron (por convenio) a que Catamarca use lo que ellos por ahora no usan (la ET) y la provincia se comprometió a colocar cuatro campos seccionadores en San Martín, pero no cumplió con esa parte", explicó.
"Además, el convenio con La Rioja establece que, en el caso de una necesidad, la prioridad (por el suministro) es La Rioja, no nosotros.
Por lo que, a renglón seguido, insistió y pidió a las autoridades de Obras y Servicios Públicos que "no le mientan más al Gobernador y a la gente". Obvio, el primer mandatario salió en defensa de sus funcionarios, porque aceptar los dichos de Acuña sería confirmar lo que muchos catamarqueños creen, que el mandatario vive en una burbuja, aislado de la realidad provincial.
Esta el ejemplo también de un funcionario del Ministerio de Educación, a cargo de los programas nacionales, que sobrevivió ya a muchos cambios de ministros sin que nadie sepa bien porqué. Los logros no podrían ser más pobres, nefastos a decir verdad. Los recursos que dispone son una importante cantidad de millones con que el Estado Nacional financia distintos programas que deberían aplicarse en las escuelas de toda la provincia, los que sin embargo, por distintos motivos, no llegan, nunca llegan. Hay recursos millonarios sin ejecutarse en planes de mejora escolar, subsidios para las instituciones, mejora edilicia, becas, capacitaciones para docentes, equipamiento, que año a año son devueltos a Nación porque no se ejecutan. El ejemplo más emblemático del fracaso de esa área es un aula móvil digital, equipada con equipamiento importante que el funcionario mantuvo exactamente dos años guardada, olvidada. Se la comenzó a usar recién en el año 2009, cuando estaba disponible ya en el 2007.
Está el ejemplo también de lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde el FCS perdió en diciembre del 2009 la votación para recuperar el control del Cuerpo; lo achacable a los funcionarios de Brizuela es que el FCS tenía más diputados propios sentados en sus bancas que la oposición; aún así perdió la votación. Increíble.
Varios meses antes del día de la votación propiamente dicha hubo noticias del descontento de un sector del radicalismo provincial, con representación parlamentario. El descontento creció con el paso de los días, las semanas y los meses, pero nadie del ala política del brizuelismo pudo imaginar el desenlace que tendría el intríngulis; menos conjurarlo claro. Los responsables siguen ahí, en sus puestos, inmutables, como el problema que generó para el oficialismo sus limitaciones.
Otro ejemplo, entre tantos, en Ambiente, Producción, Turismo, Obras Publicas, Salud o Desarrollo Social, es lo que pasa en la empresa de distribución de energía, EDECAT SA, gerenciada desde hace más de dos años por un directorio nombrado por el gobernador que parece decidido a eternizarse en su puesto.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) estableció que EDECAT deberá abonar con la demanda de diciembre un importe adicional de 1.030.813 pesos, como consecuencia de haber registrado un nivel de pérdidas del 21,68% por encima del máximo permitido en el contrato de concesión. Ese nivel aceptado está en el orden del 12 al 13 por ciento para las redes de baja tensión, lo que implica que las pérdidas totales alcanzan el 34 por ciento, un porcentaje que fue considerado por CAMMESA como "inadmisible". La responsabilidad es toda de los funcionarios brizuelistas, tanto como que las consecuencias serán todas afrontadas por los ciudadanos, que en este caso deberán hacerse cargo de esta multa y de una anterior, impuesta el año pasado.