Querella contra del intendente Santucho por los radares en Huillapima

El abogado Gastón del Pino  inició una querella penal en contra del intendente de la localidad de Huillapima por el cobro de multas proveniente de la instalación de radares de control de velocidad en la Ruta Nacional N°38. Recordemos algunos antecedentes.  
viernes, 25 de noviembre de 2011 00:00
viernes, 25 de noviembre de 2011 00:00

Nos parece que vale la pena incursionar en los antecedentes de estos verdaderos atropellos que han cometido, cometen y cometerán ciertos intendentes ávidos de recaudar a cualquier precio. Aunque haya que violar la ley.

Promediaba la década de los años ’80 cuando trece comunas del Valle de Punilla en la provincia de Córdoba fueron visitadas por representantes de una organización integrada por abogados que ofrecían el servicio técnico para detectar vehículos circulando a exceso de velocidad, Pata ello, la organización disponía del “Speed Gun”, un artefacto relativamente misterioso que mostraba en una pantalla la velocidad a que se desplazaba un  vehículo que era apuntado por el aparato en cuestión que –en definitiva--,era u n emisor de ondas  como lo es un radar.

La mayoría de las comunas –todas ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 38 salvo Villa Carlos Paz--, rechazaron la propuesta a excepción de una de ellas que puso en marcha operativos notoriamente exitosos en materia racaudatoria de cuyos montos el 40 por ciento era para “la organización”             que suministraba el radar.

Todo funcionó de maravillas hasta que la Dirección Nacional de Vialidad tomó cartas en el asunto y puso fin a las actividades que en forma conjunta desarrollaban la comuna y la “organización”. Ambas estaban violando la ley.

El uso de estos radares se popularizó notablemente especialmente durante la temporada veraniega, momento en el que las “organizaciones” y ciertas comunas cometían verdaderos “golpes de mano” ejecutando operativos hasta que Vialidad Nacional intervenía y se “acababa la fiesta”.

La Costa Atlántica fue escenario de no pocos conflictos motivados por el uso indiscriminado de estos artefactos y las antipáticas  “foto-multa”.

De ahí en más, deben ser escasas las autoridades municipales que desconozcan que está prohibido utilizar radares en las rutas nacionales y en el caso del intendente Santucho no se explica cómo manejó este asunto sabiendo que estaba  cometiendo un deleito, circunstancia ésta que le fue notificada en tiempo y forma por la máxima autoridad catamarqueña de Vialidad Nacional.

El impacto jurídico –valga el término--, tendrá que aguantarlo Santucho “de pechito”, como suelen decir, puesto que sus ocasionales “socios”  cuando “las papas queman”, se borran.

Y como pasa a veces en estos casos, si todo funciona como se presume,  Omar Santucho “se comerá un lindo garrón”…

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