Los abogados de la Fiscalía de Estado y el propio Fiscal de Estado, doctor Simón Hernández, se movieron desde hora temprana buscando la forma de levantar la medida cautelar del juez Porfirio Acuña, a los efectos de seguir con sus afiebrados planes de darle legalidad al contrato que ya firmaron con la empresa foránea.
Resulta muy difícil quebrantar una decisión judicial en días, esto teniendo en cuenta que a la administración de Brizuela del Moral le quedan 9 días en el poder, pero lo que nadie entiende es el por qué de la desesperación de ejecutar actos administrativos en este tipo. Todo, a esta altura de los acontecimientos, resulta sospechoso, y desde las trincheras peronistas se asegura que el objetivo no es otro que el de cobrar “las cometas” por una una obra de más de 45 millones de pesos.
También el gobierno quiere inaugurar lo que se dio en llamar la primera parte de la obra, aunque en realidad esta no funciona y la prueba más palpable de ello es la falta de agua potable en grandes zonas del Valle Central.
Una de las argumentaciones con las que los abogados oficialistas pretenden llegar a la Justicia es que jamás se negó la participación de empresas catamarqueñas en el proceso licitatorio. Es una parte de la verdad. La otra parte es que el pliego de condiciones exigía que quien pretendiera realizar la obra debía tener experiencia en la construcción de un acueducto, con lo cual, sin necesidad de especificarlo, se le cerraban todas las posibilidades para los empresarios locales, lo cual formó parte de la reciente presentación en la Justicia.