El titular de la AGAP, Carlos Ortiz, fue denunciado penalmente por un grupo de cesanteados del Banco de Catamarca. El motivo de la denuncia radica en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los ex trabajadores reclaman el pago correspondiente al retiro, el cual corresponde por ley al 60 por ciento de los haberes percibidos por el personal en su nivel básico al momento de la intervención federal ocurrida en 1991. Esto había sido dispuesto hasta tanto se produzca la concreción del beneficio jubilatorio.
Sin embargo, en junio de este año, el Poder Legislativo sancionó la modificación a la Ley N° 5331 para incluir a los trabajadores cesanteados en el “régimen de retiro voluntario asegurado”.
Con esta normativa, se confirma el 60 por ciento del beneficio jubilatorio, pero que desde la oficina de la AGAP debían realizar los trámites para efectivizar el cobro, cosa que no sucedió.
Los cesanteados no tuvieron novedades al respecto, y de esta manera, reclamaron en reiteradas oportunidades auque sin respuestas algunas. En la jornada de ayer, todo terminó en una denuncia penal.