El suceso que motiva estas líneas tuvo lugar hace pocos días en ocasión de la visita anual de funcionarios del Poder Judicial. En esa oportunidad un procesado se mostró disconforme con la información que recibió vinculada con la marcha de su proceso y procedió a prenderle fuego a su colchón.
Felizmente el personal del Servicio Penitenciario logró apagar el incendio y reducir al interno para luego llevarlo al Hospital San Juan Bautista para que los médicos lo sometieran a una revisación para establecer su estado de salud. Según pudo saberse, el recluso no sufrió lesión alguna siendo trasladado de regreso al penal.Ignoramos si recibió sanciones por su comportamiento antirreglamentario.
Hasta aquí la información vinculada con un episodio que viene sucediendo con una más que alarmante frecuencia en la cárcel de Miraflores.
En un primer plano de este peligroso cuadro puede advertirse que todavía y pese a la tragedia de la Alcaidía en la murieron achicharrados cuatro adolescentes, persiste la utilización de colchones de material combustible.
Es decir, que las autoridades del penal no han podido, no han sabido o no han querido adoptar las medidas necesarias para reemplazar los colchones elaborados con material propenso a incendiarse con suma facilidad. De paso, desprenden humos sumamente tóxicos capaces de causar la muerte de un ser humano en pocos minutos.
También quedó en evidencia la falta de control vinculada a las posesiones de los internos en cuyo poder hay elementos aptos para encender fuego.
Con este detalle queda demostrado que las requisas –si son efectuadas--, no sirven de nada porque están a cargo de personal incapaz de manejar ese aspecto de la seguridad de los presos.
Adviértase que tanto los procesados como los condenados son personas colocadas al cuidado y bajo la responsabilidad del Estado. Es éste –el Estado--. el que tiene que encargarse de cuidarlos, protegerlos, alimentarlos y vestirlos si viene al caso.
Al parecer, nada de eso ocurre en el penal de Miraflores donde el Estado permanece ausente y los internos quedan librados a la ostensible incapacidad de los carceleros. Es así que la cárcel se convierte en “tierra de nadie” y prolifera la corrupción porque resulta difícil admitir que un interno posea un encendedor y esta circunstancia no sea advertida por el personal que hace la requisa, Sin mayor esfuerzo y “previo pago” funciona la “vista gorda”, el “dale que va” y el “viva la Pepa”.
Es evidente que se está en presencia de un estado de relajamiento de las normes que deben ser observadas en la cárcel de Miraflores. No queda más remedio que aplicar mano dura y proceder a la remoción del personal carcelario lo más pronto posible. Antes que haya que lamentar otra tragedia.