Ayer, el diputado provincial Jorge Moreno puso reparos a la hora de aprobar la iniciativa, pues la misma establece amplias facultades al Ministerio de Servicios Públicos para realizar contrataciones directas sin ningún tope y sin controles por parte de ninguna otra área.
Para Moreno esta posibilidad no debería ser aprobada así tal cual está en el proyecto. Por lo que, de no ser modificado el texto original, anticipó que no votará cuando el mismo sea tratado en la Cámara de Diputados, la semana que viene.
La posición de Moreno es compartida por otros representantes del PJ en la cámara baja. Lo cierto es que la Ley de Emergencia de los Servicios Públicos enviada por la gobernador Lucía Corpacci para su tratamiento en las sesiones extraordinarias corre riesgo de ser aprobada.
Es que desde el Frente Cívico y Social (FSC) que tiene mayoría en el Senado, también se lanzaron algunas advertencias. El proyecto no será aprobado así como lo envió el Ejecutivo, siempre y cuando los senadores provinciales frentistas mantegan la cohesión interna y no haya desertores. Argumentan que no sólo los servicios no están en emergencia como lo sostiene el Gobierno, sino que además aprobarlo sería admitir erróneamente que la administración saliente no hizo nada en materia de servicios públicos. Para este sector político, entre algunas de las modificaciones que piden sean incorporadas al texto original, figura la eliminación de la figura del interventor.
Con este panorama, ayer algunas fuentes parlamentarias se animaron a pronosticar que el tratamiento de la iniciativa no se dé antes del 30 de diciembre, cuando finalicen las extraordinarias, y se postergue su abordaje para un segundo llamado que el Poder Ejecutivo haría recién para fines de febrero o marzo de 2012.