Según se supo, y a tono con el reclamo público hecho por el diputado Jorge Moreno a la falta de límites y controles a las contrataciones directas que hará el Ministerio de Servicios Públicos, los senadores introducirían un tope al monto a contratar, evitar así dar un “cheque en blanco”, como lo calificó moreno.
También se introduciría que sea el Tribunal de Cuentas el que se encargue de controlar las compras realizadas; y se eliminaría del texto original la creación de la figura del interventor.
En síntesis, lo que se aprobaría mañana es una ley de emergencias de los servicios públicos, pero sólo dándole al ministro Julio Molina, la facultad de contratar en forma directa hasta determinado monto, para intervenir rápidamente en cuestiones que tengan que ver con corregir el déficit de los servicios de energía y de agua potable.