Si de miserias humanas se trata, los catamarqueños estamos asqueados de los funcionarios del FCS. Por eso hay que darle crédito al rumor de la reserva de un cargo en la Dirección de Rentas que habría hecho el ministro Mamerto Acuña para cuando cese en su cargo actual.
Además no es el único funcionario radical que se asegura un empleo en la planta pública privando al sector privado de sus servicios. Esta el caso testigo del ex director provincial de Comercio, Efraín Omar Nieva, que renunció a su cargo y se hizo nombrar en la Subsecretaria de Trabajo; como un empleado más.
Esta el otro caso del Director de Integración de la Secretaria de Estado de Coordinación Regional e Integración, Juan Carlos Morandini, que tiene resuelta su carguito de planta para después del 10 de diciembre próximo.
Y ciertamente son cientos los funcionarios brizuelsitas que “presumen” que luego de la asunción del próximo gobierno, irán a trabajar en Rentas; una repartición publica apetecible para cualquier hijo de vecino, porque allí, además de los salarios mensuales, se cobra un plus salarial que se liquida de acuerdo a los ingresos que se recaudan. Habrá que esperar hasta el lunes próximo para ver cuales funcionarios actuales se aparecen a marcar tarjeta.
La gestión de Lucia Corpacci ya hizo saber que no tomará medida en ninguna de estas avivadas de los funcionarios radicales, por temor claro de que parezcan “persecuciones” del gobierno futuro. Pero más allá del defecto de origen para tomar decisiones de tipo políticas, o bueno, actitudes que bien pueden ser vistas como complicidades con los funcionarios del FCS, está el peligro de dar cabida en la planta estatal a personajes que protagonizan hechos como los que se informan todos los dias: designan a mansalva y a escondidas a miles de empleados, incluidos parientes, amigos y privilegiados; liquidación fraudulenta de EDECAT; pagos millonarios a las apuradas a empresas que se encargarán, supuestamente, algún día, no se sabe cuando, de la construcción de viviendas, acueductos, etc. Todos esos malechores tienen cabida en la administración pública por la coartada de la “persecución”. Increíble pero cierto