La hora cero del 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una larga noche que duró siete años, 9 meses y 30.000 desaparecidos, sustentada en el terror y en la desaparición de todo aquel que se opusiera al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, cuya base económica tuvo características liberales.
Hace 35 años las Fuerzas Armadas asaltaban la Casa de Gobierno derrocando al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y luego formaron una junta encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
Un helicóptero despegó de la terraza de la Casa Rosada para trasladar a Isabel Perón hacia Olivos, pero inventando una falla mecánica los pilotos se desviaron al sector militar del Aeroparque Jorge Newbery.
En la estación aérea, tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas le pidieron a Isabel que firmara su renuncia, mientras un avión la esperaba en la pista con dos destinos posibles: si la presidente dimitía sería trasladada al exterior; si no lo hacía sería confinada en el sur.
Finalmente, el destino final de Isabel fue la residencia neuquina de El Messidor y el destino final de quienes se opusieron al régimen fue la cárcel, la tortura, la muerte y la desaparición, que no respetó ni a los niños, con la ejecución de un plan sistemático de apropiación de menores, luego inscriptos como propios por represores o entregados a otras familias.
Aquella noche del 23 de marzo de 1976, el clima en la Casa Rosada, sede del Gobierno, "era irrespirable" y la presidenta "no contaba ni con los bomberos para defenderse", relató el periodista Alberto Dearriba en su libro "El golpe". "Con la excusa de la lucha contra la subversión, los militares habían puesto bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas a la Policía Federal, a las provinciales y a los servicios de inteligencia", puntualizó.
El periodista e historiador Santiago Senén González recordó que "a pesar del esfuerzo puesto por algunos sectores políticos para evitar el desenlace, aquella noche del 23 de marzo había empezado la cuenta hacia atrás para la llegada de los militares".
El gobierno de María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabel) afrontaba una crisis profunda, con una inflación del 330 por ciento "y el récord de cuatro ministros de Economía en un año", destacó. Isabel Martínez accedió a la presidencia en 1974 a la muerte de su esposo y primer mandatario Juan Domingo Perón (había asumido en 1973).
Los Montoneros, fracción izquierdista del peronismo expulsada del partido por el propio general Perón en junio de 1974, y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo mataban a policías y militares y asaltaban comisarías y cuarteles.
Mientras, la banda parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, conocida como "la Triple A", cometía cruentos atentados contra dirigentes políticos, artistas e intelectuales y se enfrentaba con los grupos de izquierda.
Años de plomo
Con la excusa de combatir a la insurgencia los militares tomaron el poder en el 76: la presidencia la asumió Videla, quien disolvió el Congreso y modificó la Constitución. Al año siguiente comenzó la represión contra la oposición, causando miles de muertos y desaparecidos.
En 1981, el general Roberto Eduardo Viola sustituyó a Videla y después fue reemplazado por el teniente general Leopoldo Galtieri, que en abril de 1982 invadió las islas Malvinas, reclamadas a Gran Bretaña desde 1833, en una guerra que acabó dos meses después con la derrota argentina.
Galtieri fue sustituido por el general Reinaldo Bignone, quien restableció la actividad de los partidos políticos hasta que en octubre de 1983 terminó la dictadura.
Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, fue elegido presidente, y durante su mandato promulgó la Ley de Punto Final en 1986, que limitó las acciones penales contra miembros de las Fuerzas Armadas implicados en la represión militar.
En 1987 se aprobó la Ley de Obediencia Debida, para exculpar a los oficiales acusados de crímenes en la dictadura y el mayor perdón llegó de la mano de Carlos Menem quien, en mayo de 1989, ganó las elecciones presidenciales y decretó el indulto para Videla, Massera y el resto de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Hubo que esperar hasta el 2001 -durante el gobierno de Fernando de la Rúa- para que un juez federal declarara inconstitucionales y no válidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Tras la caída delarruista en 2001 y la sucesión de efímeros gobiernos provisionales (Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño) el Congreso eligió a Eduardo Duhalde para finalizar el mandato inconcluso de De la Rúa. Pero no fue sino hasta la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia en 2003, que se puso mayor énfasis en la lucha por los derechos humanos y el juzgamiento de los represores.