El intendente de Huillapima, Omar Santucho, fue embargado por la Justicia provincial, quien ordenó el embargo de más de cuarenta mil pesos, sobre las sumas de dinero que mensualmente gira el gobierno de la Provincia.
Es que el otrora protegido de Silvio Zitelli, desobedeció una orden judicial previa, en la que se le indicaba que debía reincorporar a cuatro empleadas municipales de planta que habían sido despedidas al inicio de su segundo mandato, en medio de denuncias de persecución política. La Justicia estableció una multa de 25 pesos por día, por hacer caso omiso a la misma.
Santucho hizo caso parcial de la orden judicial, al reincorporar a los trabajadores, pero nunca les abonó sus sueldos, aún cuando se brindaron sobradas pruebas de que contaba con el presupuesto para hacerlo. Como consecuencia de ello, la Justicia, con fecha 12 de abril, decidió trabar embargos a las arcas municipales hasta cubrir la suma de 9.012,18 pesos, importe del capital reclamado en concepto de multa, más la suma de 2.704 en que se calculan los honorarios de abogados por cada uno de estos empleados. Es de señalar que las empleadas también han iniciado juicio a la comuna de Huillapima por la falta de pago de haberes, que a la fecha rondarían los 400 mil pesos.
Librado a su suerte, Santucho debió sufrir que la Corte Suprema de Justicia le aplique una multa de 25 pesos a la administración por incumplir con la sentencia definitiva 24/2008 que establecía la reincorporación de las agentes municipales Esther Luna, Carolina Carrizo, Fernanda Vergara y Sandra Soreire.