Esta es la nota:
Mediante la presente nota, quienes suscribimos, miembros de la Asociación Civil Docentes por la Igualdad (con Personería Jurídica en trámite), tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a los efectos de elevar para su conocimiento el contenido del Recurso de Amparo presentado por ante la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, reclamando la Inconstitucionalidad del Decreto Nº 50/11 y su ampliatorio Nº 1122/11, por el que se tramita la titularización docente a una cantidad –por el momento incierta- de trabajadores de la Educación de la Provincia.
Decimos que es “incierto” el universo de titularizados porque hasta el momento se manejan cifras no oficiales que oscilan entre los 12.500 y 17.000 agentes de la Educación, ente los cuales habría un total de aproximadamente 3.000 agentes que actualmente prestan servicios en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y que pasarían a desempeñarse en órbitas del Ministerio de Educación, tratándose de información que oportunamente nuestra Asociación dio a conocer y que hasta el momento nunca fue refutada por las autoridades competentes.
Esta circunstancia irregular, plagada de arbitrariedad, discriminación, discrecionalidad, falta de transparencia, conculcación de derechos fundamentales tales como el de la defensa, el derecho a la información, de la igualdad de oportunidades, etc, ha tomado forma legal (Decreto) lo cual torna imperiosa la intervención del Poder Legislativo en esta coyuntura que afecta la institucionalidad pública por el accionar negligente y culpable del Ministerio de Educación que denotando impericia e ineficacia para la toma de decisiones ha vulnerado la legislación vigente, que ampara el desempeño laboral de los docentes, tal como lo es la Ley 3122 (Estatuto Docente).
A raíz de esta inseguridad jurídica que se ha instalado en la esfera de la Educación, es que venimos a solicitar se arbitren los medios tendientes a restablecer la vigencia de las normas legalmente constituidas y el pleno ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Esto significa proclamar, de parte de quienes tienen la facultad de hacerlo (Poder Legislativo) el no avasallamiento e interferencia de otros Poderes sobre el mismo. En este caso un Decreto emanado del Poder Ejecutivo ha dejado sin efecto una ley sancionada por el Poder Legislativo (3122), lo cual instala un sistema de inseguridad jurídica que pone en peligro la continuidad pacífica y normal funcionamiento de las instituciones.
Por ello solicitamos:
a) El pronunciamiento del Cuerpo Legislativo a favor de las normas.
b) Se solicita a la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación) que ofrezca informes sobre: cantidad de docentes en servicio, cantidad exacta de docentes a titularizar, cantidad de docentes en situación de suplentes.
c) Se exija al Ministerio de Educación la publicación del listado de nombres y antecedentes de los beneficiados con esta titularización y que el listado sea de libre acceso.
d) Que el Ministerio de Educación de explicaciones respecto del no haber informado en su momento (Julio de 2008) sobre el Acta Acuerdo firmada por el Consejo Federal de Educación para titularización de agentes con más de 3 años en situación de revista interinos, mencionando en el ampliatorio 1122/11 pero que no se menciona en el Decreto 50/11 (de excepcionalidad para mayores de 40 años).
e) Informe el por qué de la incorporación de otras categorías de trabajadores de la Educación, que no contempla el Decreto 1122/11. Esto surge de los medios de comunicación masiva que informan cada semana sobre las reuniones de los gremios con la Subsecretaría de Educación y que determinan “ampliaciones del Decreto ampliatorio”.
Confiando en el tratamiento preferencial que otorgarán a este justo reclamo, saludamos a Ustedes con atenta consideración, quedando a vuestra disposición para los aportes que consideren pertinente.
Prof. Silvia Barrientos - DNI Nº 17.638.078.
Lic. Gabriela Nieva Larcher - DNI Nº 21.936.326