La nota dice lo siguiente:
Coincidentemente, mientras en la Cámara de Diputados de la Nación existe unanimidad para avanzar en el tratamiento del proyecto de Ley que regula la compra de tierras por parte de extranjeros, en Catamarca es de absoluta y lacerante actualidad la gravísima situación por la que atraviesan más de 200 humildes cosecheros de aceitunas sometidos al más vergonzoso fraude laboral por parte de la empresa multinacional Digis y Herdit SA (o Digis SA & Herdit SA).
Se trata de los trabajadores de la empresa agroindustrial, anteriormente propiedad de La Veloz (del Norte), ubicada en cercanías de la localidad de Chumbicha, en el departamento Capayán, a quienes aún se les adeuda una importante porción de sus salarios, las asignaciones familiares y aportes de ley, más lo correspondiente a un pacto ofrecido por la patronal de 100 pesos por día a cada cosechero desde la finalización de la actual temporada de cosecha (en julio) hasta el pago total de lo adeudado, aún sin fecha cierta.
¿Cuál es la relación de este caso de fraude laboral que se registra en Catamarca con la iniciativa legislativa que tratan los disputados nacionales? Veamos. El proyecto que promueve la compañera presidenta Cristina Fernández propende a que un mismo comprador extranjero no pueda adquirir más de 1000 hectáreas, y este grupo multinacional Digis y Herdit SA, en su propia página digital se ufana en difundir por internet que “poseen y manejan un huerto de 1.700 hectáreas de oliva en Catamarca, Argentina, y sigue creciendo cada año...”. Además, revelan que “producimos aceites Extra Virgen y Vírgenes de oliva de mesa y de calidad” y remarcan que “nuestros principales mercados objetivo son América del Norte y Asia”.
Y después de precisar que “vendemos tanto al por mayor como al por menor, productos naturales y envasados”, describiendo que “la empresa cuenta con representación comercial en los Estados Unidos y la India”, aseguran que su “estimado de ventas anuales ronda entre los 2.5 millones y los 5 millones de dólares”.
Y en el colmo de su impunidad, aprovechando la actual inexistencia de los límites que procura el proyecto en cuestión, presentan como “representante legal” o “director ejecutivo”, a un señor Komes Mani o Mani Komes, supuestamente de origen hindú, radicado en los Estados Unidos, pero que en Catamarca -y menos los sufridos cosecheros- nadie conoce personalmente. Contrariamente a esta realidad que padecen Catamarca y cientos de trabajadores locales como de otras provincias del NOA, que aún no pueden cobrar por lo que trabajaron desde el mes de febrero (en campos de extranjeros), el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que participó en la elaboración del proyecto en cuestión, acertadamente considera que la legislación que se promueve generará un “sentimiento de solidaridad” puesto que “un argentino se va a preocupar de que primero estén alimentados sus compatriotas, mientras que un extranjero va a tener más tendencia a mandar la comida a su país”.
Como se advierte en el caso de la multinacional Digis y Herdit SA, que opera ‘a gusto y paladar’ en Catamarca, los que se quedaron sin la posibilidad de sustento fueron nuestros humildes compatriotas cosecheros.
Por su parte, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, otro de los impulsores de la propuesta, opina que “la tierra es un recurso estratégico no renovable y se trata de evitar la compra de grandes extensiones. En este momento, el valor de este recurso es su productividad y su rendimiento. La tierra cambió el paradigma del mundo, por eso queremos crear los instrumentos modernos que garanticen que la tierra quede en manos de los argentinos”.
La norma sugerida limita a un 20 por ciento la sumatoria de tierras rurales en manos de capitales extranjeros y pone un tope máximo de 1000 hectáreas por persona física o jurídica.
La unanimidad de los bloques de diputados nacionales en avanzar con este proyecto le hizo decir al diputado socialista Lisandro Viale, alineado con el gobernador santafesino Hermes Binner, que “debemos tener un registro actual sobre quiénes son los dueños de la tierra. Hoy no sabemos qué cantidad de territorio está en manos de extranjeros”. Eso…casi como en mayo de 1810, el “pueblo quiere saber de qué se trata”.
Por ello, desde la CGT Delegación Regional Catamarca instamos a todos los legisladores nacionales por Catamarca para que se sumen en el respaldo de este proyecto y aporten las lamentables y aleccionadoras experiencias ocurridas en Catamarca, como en los antiguos episodios protagonizados por los productores paperos en la zona del Pucará, en Aconquija; más recientemente en las todavía no develadas circunstancias que afectan a humildes cabriteros del departamento La Paz, los denunciados megadesmontes en el departamento Santa Rosa, y las también poco claras compras de tierras por parte de extranjeros en Antofagasta de la Sierra; y ahora los actualizados atropellos a estos frustrados cosecheros en el departamento Capayán.
Paralelamente, pedimos a los legisladores provinciales que motoricen el más exhaustivo y rápido esclarecimiento acerca de la situación legal de todas las empresas beneficiadas con los diferimientos impositivos en el territorio provincial, y exijan del Ministerio de Producción el más acabado informe sobre la procedencia y origen de los empresarios favorecidos con estos planes de promoción, cantidad de hectáreas en explotación, niveles de inversión, volúmenes de cosecha, acopio y ventas, cumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores contratados, etc.
Hoy, lamentablemente ocurre que Catamarca abre graciosa y magnánimamente sus puertas y eventuales ventajas de localización a supuestos empresarios, que llegan “adornados” de las máximas capacidades operativas y de conocimientos para emprender distintas actividades, fundamentalmente agrícolas, pero al cabo del primer desliz los únicos que pierden son los trabajadores.
Esos seudos empresarios “arriesgan” hasta que dejan de ganar, en cambio el riesgo final queda siempre para los trabajadores, que como en el caso de los cosecheros de Chumbicha deben mendigar para poder cobrar lo que les corresponde, cuando no marcharse –como ocurrió en cientos de casos- con la amarga experiencia de una nueva estafa laboral.
De allí que, como integrantes del Movimiento Obrero Organizado de Catamarca, se nos ocurre que el tratamiento de esta Ley de Tierras es una oportunidad para que nuestros legisladores hagan escuchar sus voces en defensa de los intereses soberanos de Catamarca, y a la vez promuevan la certeza del trabajo digno para todos quienes busquen su sustento a partir de la labranza en los campos de nuestra provincia.