Se trata del pozo de agua N°53, cuyo monto de financiación fue de $3.100.000, y que tenía como finalidad aliviar los problemas de servicio en las zonas Sur y Oeste de la Capital.
Según explicó la diputada Cecilia Guerrero, la documentación con la que cuentan haría presuponer que se cometió el delito de “malversación de fondos públicos”, ya que consta que el dinero fue asignado, pero en el inventario de los bienes transferidos por la anterior gestión, \"el pozo no figura\".
La diputada Guerrero señaló, además, que entre las pruebas que tienen, existe documentación que comprueba que el dinero fue otorgado por parte del Ministerio a la empresa Aguas de Catamarca SAPEM, a través de pagos parciales.
La legisladora explicó que el dinero figura otorgado en el año 2011, pero en noviembre de ese año, es decir , un mes antes del cambio de Gobierno, se solicitó desde la empresa Aguas de Catamarca una reasignación de esos fondos.
“Acá queda claro que los fondos no fueron afectados a la finalidad por la cual fueron transferidos, y esto podría tipificarse como un posible delito de malversación de los caudales públicos”, sostuvo.
Guerrero dijo que esperarán un tiempo prudencial hasta que Fiscalía de Estado reúna las pruebas necesarias y evalúe la presentación de la denuncia, aunque aclaró que, de no prosperar este pedido, los diputados del FPV radicarán la denuncia penal correspondiente.