Según se indica en los fundamentos del mismo, es una forma de prevenir hechos delictivos gravísimos y de dar seguridad a quienes utilicen el transporte público.
Se argumenta que una serie de hechos lamentables que han tenido amplia difusión y de los que se da cuenta de la comisión de delitos contra la vida, la libertad y la integridad sexual de quienes de buena fe solicitaron los servicios del transporte público en la modalidad de taxis o remises, ha llevado a introducir entre los requisitos para obtener la licencia profesional de conducir el de solicitud de antecedentes penales, a fin de tener conocimiento, con anterioridad al otorgamiento de la correspondiente licencia, de la situación penal del requirente.
El proyecto lleva la firma de los senadores Elena Corregido (Chaco), Nanci Parrilli (Neuquén), Aníbal Fernández (Buenos Aires), Teresa Luna (La Rioja), Pablo González (Santa Cruz), Ana Corradi (Santiago del Estero), Graciela De la Rosa (Formosa), Elsa Ruiz Díaz (Entre Ríos), Hilda Aguirre (La Rioja), Marina Riofrío (San Juan), María José Bongiorno (Río Negro), Fabio Biancalani (Chaco), y Blas.