Los empleados del poder judicial sospechan que la Corte no cumple con el pago del aumento salarial en represalia por las inspecciones realizadas recientemente por personal de Inspección Laboral junto a los sindicalistas del gremio judicial.
En este sentido, trascendió que en los próximos días saldrá un informe que revelan las enormes deficiencias de los edificios alquilados por la Corte de Justicia, tales como: carecen de salidas de emergencias, hacinamiento por espacio reducido, falta de matafuegos, entre otras fallas.
Todas estas falencias detectadas están, paradójicamente, en contra de las normas y leyes laborales y de seguridad.
Esto se vio durante los incidentes derivados por el caso Centeno cuando los familiares de la victima asesinada por los hermanos Delgadino irrumpieron en el edificio de la Fiscalía General de calle Junín obligando a los empleados y al fiscal Mauvecin a subir a los techos del edificio por la falta de salidas de emergencias.
Otro caso ocurre con el edificio de las Cámaras Penal 1 y 2 que posee un solo matafuego y la salida de emergencia da a un patio interno, sin salida alguna o alternativa a la principal.
Algo similar sucede con el Juzgado Correccional que tampoco tiene salida de emergencia.
Costosos alquileres
Las falencias detectadas, que ponen riesgo a empleados y funcionarios de ese poder del estado se repiten en la innumerable cantidad de edificios que la corte de justicia alquila y por los que paga cifras importantes en concepto de alquiler, para que funcionen los distintos juzgados y fiscalias del poder judicial.
Solo para dar un ejemplo de lo que venimos diciendo la corte justicia paga 40 mil pesos mensuales por el alquiler del edificio de calle San Martín donde funcionan las cámaras penales I y II.
Obviamente este no es le único edificio que alquila la Corte, también paga por este mismo concepto pero con montos diferentes el Centro Interdisciplinario forense cito en calle Zurita al 560, el juzgado de trabajo en calle Maipú al 300; el Juzgado Electoral provincial; el juzgado de garantías en calle Republica al 400 donde también funcionan las defensorías civiles I y II, las defensorías oficiales de menores y familia también por calle Republica al 600 y por calle San Martín al 300 las Cámaras penales I y II y por la vereda del enfrente la Cámara Penal III.
A estos edificios por lo que la corte de justicia de la provincia paga alquiler hay que agregarle, el Archivo Notarial y judicial de calle Junín al 1.200, el edificio de avenida Gümes donde funcionan los juzgados de menores I y II y el juzgado de familia, todo esto sin contar los alquileres que la corte paga por las distintas unidades judiciales de la capital e interior provincial.
Si hacemos una cuenta rápida y tomando como caso testigo lo que desembolsa la corte por el pago de alquiler del edificio de calle San Martín donde funcionan las Cámaras penales I y II, en un año se pagan casi medio millón de pesos.
Con el fundamento de la ética que debe ostentar el Poder Judicial se presentaría un proyecto de transparencia que implica la publicación de los gastos realizados por la Corte de Justicia y el listado de sus proveedores. Tal publicación despejarían las dudas que se ciernen sobre favoritismo hacia amigos y familiares.
Caso emblemático de lo que decimos es lo que sucede en la justicia santamariana donde la Corte de Justicia le paga el alquiler por el edificio donde funciona el juzgado a Gerardo González, curiosamente hermano del Fiscal Marcelo González.