El fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Criminales, Exequiel Walther se hizo cargo de la causa en diciembre de 2010, hace exactamente dos años, y a hoy no hay mayores novedades. Para ese entonces, ya habían pasado seis años desde el inicio de las investigaciones por las compras directas en Acción Social en tiempos de Oscar Castillo, el \"negocio del hambre\" montado con la comercialización de artículos para asistir a los sectores más vulnerables de la población, y el expediente acumulaba 400 cuerpos, que ocupaban una pieza entera del edificio de Fiscalía.
Hasta allí fue a parar la causa luego de que la investigación estuvo a cargo de las ex fiscales Patricia Olmi, actual camarista, y Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal. Pero luego de algunas declaraciones a los imputados, Doro, Brandan, entre otros funcionarios del ahora jefe opositor Oscar Castillo.
Las investigaciones se abrieron en forma desmesurada, con serias dificultades para reunir un plexo probatorio sólido debido a la desaparición de pruebas en la cartera de Acción Social, que se profundizó después de que un pedido de desafuero en contra de Brandán solicitado por el juez de Garantías Jorge Palacios fuera rechazado por la mayoría radical en la Cámara de Diputados, en mayo de 2005.
Según se explicó, de Acción Social desaparecieron hasta computadoras que supuestamente contenían información valiosa sobre las compras directas ejecutadas durante la gestión de Brandán, y que los problemas para obtener pruebas documentales se vieron agravadas debido a la \"informalidad\" con que se manejaron las contrataciones en esa etapa.
No obstante, después de tamizar las pruebas y establecer líneas investigativas más concretas, el expediente quedó reducido a 11 cuerpos y se reunieron elementos para avanzar en las indagatorias por presunto fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Aparte del ex ministro Doro y Brandán, fueron indagadas la ex directora del Servicio Administrativo de Acción Social, Teresa del Carmen Miñaura; la ex encargada del Servicio de Contaduría de la repartición, Carlina Argentina Zurita, y el ex encargado de depósitos, Guillermo Martínez. Los cinco podrían ya ser procesados.
Las maniobras se montaron al amparo de un decreto acuerdo que, con el justificativo de la crisis social, elevó el límite autorizado para las compras en Acción Social y eximió al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera tendientes a impedir desdoblamientos de contrataciones que pudieran utilizarse para eludir los montos máximos dividiendo una transacción única en varias operaciones menores.
De acuerdo con un relevamiento realizado en base a las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, durante los nueves meses en que Brandán se desempeñó como subsecretario de Acción Social, en 2003, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones -ese año hubo tres campañas proselitistas- y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera en la Cámara baja.
En numerosos casos, al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios.
Por añadidura, un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado. Esto hizo crecer las sospechas de maniobras ilícitas.
La falta de pruebas dificultó la elevación a juicio de la causa. Para llevar a esta instancia a los presuntos responsables, es preciso tener bien cerrado el plexo probatorio de los hechos que se les imputarán, pues de lo contrario todo el procedimiento podría ser anulado. La investigación tiene que pasar por el análisis de las defensas de los sospechosos y del juez de Garantías.
A hoy, la causa permanece sin mayores novedades en el mismo cajón del mismo juez desde el 2010.