DIPUTADOS

El FCS solicita informe sobre la “megalicitación de viviendas”

Tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca un proyecto de resolución que solicita que, “Poder Ejecutivo Provincial, a través de Instituto Provincial de la Vivienda, informe a la mayor brevedad, los aspectos fundamentales – objeto, monto, plazo de ejecución, fuente de financiamiento, empresas oferentes, etc, - de la Megalicitación derivada del Programa Federal de Construcciones de Viviendas denominado “Techo Digno”.  
martes, 13 de marzo de 2012 00:00
martes, 13 de marzo de 2012 00:00

La iniciativa fue presentada por los diputados del Frente Cívico y Social:  Miguel Vázquez Sastre,  Jorge Sosa,  Juan Pablo Millán, Verónica Rodríguez Calacibeta, Luis Andraca, Silvina Tello, Ricardo Del Pino, Julio Salerno, y Raúl Gine.

En los argumentos la iniciativa señala irregularidades en el llamado licitatorio, entre estas indica:  “según surge de los Boletines Oficiales N° 11 y 12 del corriente año, páginas 430 y 460 respectivamente, se establece como monto total del presupuesto oficial tope a suma de $ 201.224.250. Ahora bien, en los boletines oficiales N° 13 y 14 del mismo año, en páginas 496 y 522 respectivamente, el monto tope establecido, asciende a la suma de $ 211.674.250.   También señala, “el escaso margen desde el llamado para la apertura de sobres, dispuesta primero para el 28 de Febrero de 2012 y luego para el 1° de Marzo de 2012; y por último prorrogada al día 06 de Marzo; se advierte según surge de los boletines oficiales detallados, que la modificación de las fecha del 28-02 al 01-03 no fue publicado, no así la prórroga al 06-03 que se publicó en el Boletín Oficial N° 16 en su pagina 591”.

Los legisladores resaltan, “llama la atención, no solamente la cantidad de empresas que fueron adjudicadas, sino el escaso margen de tiempo para la adquisición de los pliegos por parte de las mismas empresas, y por supuesto, las diferencias de los montos de tope totales en la licitación, advirtiendo incluso, según surge de los boletines referenciados, que la venta de los pliegos respectivos se establece desde el 10/02/12 al 24/02/12”.

Otra irregularidad que denota  el presente es  en el proceso cuando se establece la fecha de adquisición de los pliegos respectivos que es desde el 10 al 24 de febrero de 2012, cuando en el medio de esas fechas los montos de la licitación han variado.

Asimismo  esboza: “De manera que estos indicios resultan graves y concordantes en el sentido de un acuerdo totalmente contrario a los fines del proceso licitatorio que promueve la mayor concurrencia de oferentes para que el Estado contratante pueda escoger la mejor oferta fruto de la competencia. Pero aquí evidentemente no hay concurrencia libre, ni competencia, con lo cual el procedimiento de contratación se encuentra viciado en perjuicio del Estado y de la necesidad pública de viviendas que se pretende satisfacer”.

“Si bien un acuerdo entre oferentes es muy difícil de probar, sin embargo los propios dichos del Secretario de Vivienda y del Presidente de la Cámara de la Construcción, reflejados en un medio público, dan cuenta de la existencia de conversaciones preliminares”….. la existencia de una lista previa que publica un medio provincial ( diario el Ancasti), más coincidencia entre ese listado y las propuestas ofrecidas, la compra específica de pliegos de condiciones, la falta de concurrencia y las modificaciones de los pliegos de licitaciones en forma irregular, son indicios más que suficientes, por su precisión, gravedad y concordancia de la existencia de un acuerdo” apunta firmemente el Proyecto de Resolución .

Los diputados solicitan que el Poder Ejecutivo informe:

a) Nombre de las empresas constructoras que adquirieron cada uno de los pliegos de las licitaciones públicas 01/12 al 39/12;

b) Cuantos oferentes se presentaron en las licitaciones públicas 01/12 al 39/12;

Así también que en virtud de las declaraciones públicas s realizadas por el Sr. Secretario de la Vivienda  Octavio Gutiérrez y que fueran publicadas en diario \"el Ancasti\" con fecha 17/02/2012, se requiere que  informe también:

a) Cuales fueron los lineamientos acordados con el Sr. Presidente de la Cámara de la Construcción de la Provincia Ing. Núñez tendientes a \"evitar trabas burocráticas\";

b) Si fueron dados a publicidad los citados acuerdos a fin de que los empresarios que no integran la Cámara de la Construcción y la comunidad en su conjunto pudieran informarse  al respecto;

c) Si todas las empresas oferentes en el proceso licitatorio de referencia  integran la Cámara de la Construcción de la Provincia de Catamarca;

d) De igual modo, y así como el Secretario de la Vivienda Octavio Gutiérrez se reunió con el representante de la Cámara de la Construcción Ing. Núñez, con quien acordaron métodos y formas para las licitaciones de acuerdo a sus propias declaraciones; solicitamos se informe si el Instituto Provincial de la Vivienda se reunió con las empresas que no integran la Cámara de la Construcción de la Provincia de Catamarca. En caso afirmativo, solicitamos se informe con que empresas y en que fecha;

e) De la reunión del Sr. Octavio Gutiérrez con el Sr. Intendente de la Ciudad Capital, Lic. Raúl Jalil, surge la necesidad de que se nos informe de como puede haber acordado con éste último, la localización de los nuevos barrios si eso depende, en situaciones normales, de donde las empresas constructoras tengan o adquieran los terrenos, información que por otro lado, solo se sabría al momento de la apertura de los sobres con las ofertas;

f) Se informe cuales son los mecanismos implementados en los ámbitos de la Administración del Poder Ejecutivo Provincial que permitieron que el proceso licitatorio desde la publicación de las licitaciones, hasta la apertura de los sobre se agilicen al punto de que se haya cumplimentado con toda los procedimientos administrativos en solo 12 días, incluidos las modificaciones en los montos y fecha de apertura de los sobres.

Los legisladores nucleados en el  bloque del FCyS aseguran que, “las conductas señaladas pueden provocar la paralización o nulidad del procedimiento por causa de los acuerdos advertidos y hasta por la participación, cuanto menos ingenua y torpe de la Administración al establecer contactos con las empresas “tendientes a evitar demoras en el proceso licitario”, pero que sin embargo implican la posibilidad de acuerdo perjudiciales para la Administración”.

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