Diamante y Arriazu estaban imputados por los delitos de fraude a la administración pública en concurso real. El ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, y el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, continúan implicados e imputados en la causa.
Como se recfordará, en año 2010, la Cámara de Apelaciones decidió anular la investigación por el denominado mega-fraude en Acción Social que recae sobre el auto interlocutorio que había emitido el juez de Garantías, José Antonio Carma, y por el cual había enviado a juicio oral a los funcionarios Pablo Córdoba Molas, quien era secretario de Desarrollo Social, al ex director de Políticas Juveniles, Ariel y al titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu.
En ese mismo interlocutorio, el juez había decidido el sobreseimiento total y definitivo de Hugo Diamante, que era presidente de la Fundación IDEIA, el ex tesorero general de la provincia, Juan Andrés Barrios, Nancy Madueño, Susana Beatriz de La Colina y María Cristina Barros, que también eran empleados del Área de Desarrollo Social y Contaduría General de la provincia, junto a Guillermo López y Liliana del Valle Jalil de La Barrera.
La nulidad fue planteada a través de una presentación que efectuó el abogado de Arriazu, Víctor García, quien planteó una incongruencia en el tratamiento de la causa.
Luego de esta oposición planteada por la Cámara de Apelaciones, el expediente volvió al juez Carma, quien no hizo lugar a los planteos, y no sólo sostuvo el sobreseimiento total y definitivo de Diamante, sino que agregó la de Arriazu. En los próximos días, de no haber apelación del ministerio Público, Carma deberá hacer una nueva elevación a juicio para Córdoba Molas y Regina.