Denett emitió la semana pasada la resolución por la cual dispone la creación de la Oficina Anticorrupción, que girará bajo la órbita de la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas de ésta fiscalía, para lo que se reordenará al personal y recursos ya existentes.
En los considerandos, el fiscal justifica la apertura de esta oficina por cuanto es necesario dotar a los organismos de control y fiscalización del Estado, de todos los recursos humanos y materiales tendientes a la investigación y dilucidación de actos irregulares y/o delictivos que se cometan en el ejercicio de la función pública o específicamente vinculados con dicho ejercicio; “a fin de que la acción estatal sea verdaderamente efectiva, en el marco de la base programática de Verdad y Justicia”.
Para este abogado seguidor del mítico Ness, muchas de las faltas e irregularidades cometidas en el ámbito de la Administración, en más de una oportunidad exceden el mero marco “administrativo – disciplinario” y “esta gestión de Gobierno, siguiendo los lineamientos más avanzados del mundo jurídico, se encuentra absolutamente convencida de que la corrupción (- en su más amplio sentido -), socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral, la justicia, y en definitiva, contra el desarrollo integral de nuestro Pueblo”.
Según afirma que para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ámbito de la función pública, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. “En ese entendimiento, no cabe ninguna duda que la lucha contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.
Asimismo, Denett enfatiza que la Fiscalía de Estado se encuentra plenamente convencida de la importancia de generar conciencia entre la población de la existencia y gravedad de esta problemática, así como de la necesidad de fortalecer decididamente la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra este flagelo institucional.