Las ofertas podrán ser presentadas en las oficinas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), hasta media hora antes del inicio del acto oficial, es decir hasta las 9, en las instalaciones del CAPE.
El monto global establecido para el proyecto es aproximadamente de $ 211 millones, y el valor de los pliegos ronda entre los 3 mil y los 10 mil pesos.
De acuerdo con lo que dijo el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, hasta el 24 de febrero se habían vendido 39 pliegos.
Según la publicación del Boletín Oficial, las viviendas sociales se construirán en Andalgalá, Belén, Capayán, Capital, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Pomán, Santa María, Tinogasta y Valle Viejo.
Las empresas interesadas en participar de la licitación tendrán que adjuntar a la constancia de adquisición del pliego la declaración jurada, la designación del representante técnico, constancia de garantía de oferta y el certificado de habilitación y capacidad expedido por el Registro de Constructores.
También la constancia de inscripción en la AFIP y el certificado de Inspección Laboral que acredite que la empresa no tiene deudas entre otro requisitos fijados.
En un segundo sobre deberán incorporar la documentación referida al terreno que se propone.
La construcción de viviendas sociales en la provincia fue siempre un punto de coincidencia entre el radicalismo y el Frente para la Victoria, tanto que prácticamente se copió la convocatoria final del gobierno brizuelista, aquella que fue denunciada como acto de corrupción por empresarios que hoy aparecen como beneficiarios.
La convocatoria para la construcción de las casas se publicó en los medios por primera vez cuatro días después de que la gobernadora Lucía Corpacci realizara el anuncio, luego de una serie de protestas de aspirantes al techo propio que incluyó la muerte de una mujer que se quemó a lo bonzo.
El procedimiento generó sospechas por el escaso margen de tiempo que había para tramitar los requisitos exigidos entre la puesta en venta de los pliegos y la fecha de apertura de ofertas.
En el IPV y en la Secretaría de la Vivienda continua casi intacto el esquema de funcionarios intermedios que habia durante la gestión del FCS pues sobrevieron 12 a sus cargos.