En dos casos se realizaron presentaciones ante el administrador Jorge Omar Solá Jais quien consultado por el diario El Esquiú, defendió las decisiones adoptadas e indicó que en ninguno de los casos se perjudicó al trabajador, más allá de que en algunos casos se los cambió de función.
De acuerdo a la información proporcionada, se habrían desplazado al menos a 5 personas de las jefaturas o cargos de delegados e inspectores, dando lugar a otros de sus pares que “no revisten el conocimiento o la experiencia necesaria para desarrollar estas tareas”.
Los cambios, de acuerdo se dijo, responderían a cuestiones de índole política y a la interna que se habría generado entre el sector de conducción del gremio y una agrupación, la Agrupación Vial Peronista, establecida tras el triunfo del 13 de marzo del año pasado.
Los trabajadores indican que las acciones encaradas por Solas Jais van en contra de lo que estipula el Convenio Colectivo de Trabajo 572/09.
“El convenio habla claro de los derechos de los trabajadores, que no pueden ser privados de los mismos ni sufrir alteraciones en sus actividades por cualquier motivo o causa que implique la cuestión de género o pensamiento ideológico o político”, explicaron.
“Lo puntual es que no se puede cambiar a un trabajador de una función mayor a una menor”, aseguraron. “No se lo puede cambia a una función de menor jerarquía que la que tiene”, remarcaron.
Consultado sobre el tema, el administrador de Vialidad, no negó algunos cambios en la repartición pero aclaró que en el caso del interior lo que se ha buscado con algunas decisiones adoptadas es “tratar de optimizar los recursos”.
“Si hay gente con domicilio en Belén por ejemplo y estaba trabajando en Andalgalá, se lo ha retornado a su lugar de origen”, explicó.
El funcionario indicó que la “molestia” de los trabajadores tiene que ver con las pérdidas de adicionales y viáticos, y que para el organismo estos cambios provocan la optimización de los recursos. Si bien no dio cifras, dijo que se trata de “mucho dinero”.
“Mi objetivo es optimizar ese recurso tratando de evitar el traslado de la gente”, insistió Solá Jais. También admitió que existen encargados de campamentos a quienes se ha ordenado su retorno a la casa central “en función de las necesidades del organismo”.
Aclaró que estos movimientos no significarán alteraciones en las remuneraciones de los trabajadores ni en las categorías que revisten, sino que se trata de “cambios en el funcionamiento” de éstas áreas y que los mismos fueron producidos en el marco de las atribuciones del cargo que detenta.