Tal como estaba previsto, esta mañana dio inicio el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Catamarca, que se sustancia en la sede de la Cámara Oral Federal, ubicada en Sarmiento y San Martín de esta capital. A la apertura del proceso asistió la gobernadora de la provincia, Dra. Lucía Corpacci, el vicegobernador Dalmacio Mera, el intendente de la Capital, Raúl Jalil y varios ministros del poder ejecutivo provincial.
Durante el debate abierto hoy están siendo juzgados el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Alberto Carlos Lucena, y el ex Jefe de la Policía de la Provincia, Juan Daniel Rauzzino, acusados como presuntos autores de los delitos privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada de personas en tres hechos, ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, de los que surgen como víctimas los catamarqueños Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce, y Nelly Yolanda Borda.
En este proceso también iba a ser juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del 3er. Cuerpo de Ejército, en el período mencionado y con directa responsabilidad jurisdiccional sobre Catamarca, quien ya acumula diversas condenas por delitos de lesa humanidad, pero por razones de salud fue apartado de esta instancia judicial.
El Tribunal es presidido por el camarista catamarqueño, Dr. Juan Carlos Reynaga, e integrado además por los doctores Gabriel Eduardo Casas y José Camilo Quiroga Uriburu, quienes tienen como juez sustituto al Dr. Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla. Como fiscales actúan los doctores Santos Edgardo Reynoso y Víctor Manuel Monti. Los inculpados son asistidos por el Dr. Lucio Montero; en tanto que la querella es encabezada por el Dr. Guillermo Díaz Martínez, actual director de Derechos Humanos de la provincia.
En medio de un importante operativo de seguridad, del que participan efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y de la Policía Provincial, en las adyacencias del tribunal, sobre las céntricas calles Sarmiento y San Martín, frente a la plaza “25 de Mayo”, se encuentran manifestando grupos de familiares de desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos, como así también los cesanteados por la “dictadura del proceso”, con pancartas y distintos carteles identificatorios.
En el comienzo del juicio se leyeron los cargos en contra de Lucena y Rauzzino, y el pedido de condena solicitado por el fiscal Reynoso, por encontrarlos en principio culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, asociación ilíita y falta de información para promover el esclarecimiento de los hechos investigados, perseguibles por los Art. 144 bis, Inc. 1ro., Arts. 45°, 55° de Código Penal y 210 bis del código Penal.
Según el texto leído en el recinto, Lucena y Rauzzino habrían participado “en operaciones clandestinas y permanentes para cometer ilícitos…en el marco de un plan sistemático para la eliminación de sus opositores políticos”, y en claros hechos y circunstancias de “terrorismo de Estado”.