Doro está imputado por 7 hechos de administración fraudulenta e infiel contra la administración pública, y Brandán por 12 hechos de la misma calificación.
Los demás funcionarios, de apellidos Miñaura, Zurita y Martínez, del área contable del Ministerio de Salud y Acción Social durante la gestión del gobernador Oscar Castillo, deberán responder por doce, siete y un hecho, respectivamente.
Como se recordará, todos están imputados por un supuesto fraude al Estado provincial por un monto de superior a los 21 millones pesos mediante la operatoria de compras directas de artículos de primera necesidad y alimentos que serían destinados para asistir a los sectores más vulnerables de la población.
Las millonarias compras por parte del Estado provincial comenzaron en forma desmedida con el aval que otorgó el decreto acuerdo Nº 1544, firmado en diciembre de 2000 por el ex gobernador Oscar Castillo, que elevó el monto de las compras directas hasta 350 mil pesos por operación, con el argumento de que serviría para paliar la crisis alimentaria que sacudía a la provincia en ese momento.
Luego se detectó que se realizaron en poco tiempo compras varias veces millonarias de exactamente los mismos productos, desdobladas en varios expedientes que se tramitaban paralelamente en los despachos oficiales.
En 2003, cuando el gremialista Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera como diputado provincial.
Al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado.