En general, fue poca la suerte que tuvieron los senadores nacionales de la oposición en las respuestas que obtuvieron del jefe de Gabinete de ministros, Juan Abal Medina, quien ayer rindió por primera vez cuentas ante el Congreso.
Gran parte de las preguntas formuladas no fueron contestadas por escrito, como prevé el reglamento del Senado. Pero la novedad vino de una de las inquietudes que sí fueron respondidas por la Casa Rosada y tiene que ver con la promoción industrial.
La senadora Laura Montero le preguntó a Abal Medina, por escrito solamente, si el Gobierno nacional prevé alguna política de compensación para Mendoza por los perjuicios que ocasionó la promoción industrial que hace tres décadas beneficia a San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. La Jefatura de Gabinete giró la pregunta de la senadora radical al Ministerio de Industria, quien en su respuesta escrita directamente negó que la provincia haya sufrido algún tipo de perjuicios.
"El impulso a economías de menor desarrollo relativo no se dio a expensas del empobrecimiento de otras provincias como Mendoza. Esto se puede reflejar en los indicadores socio-económicos de Mendoza, donde se aprecia que la provincia no se encontraba al momento de la entrada en vigencia de la Ley 22.021, ni en la actualidad, como una de las provincias menos desarrolladas del país", dice el documento del Ministerio de Industria que llegó al Senado ayer a las 14.
"En referencia puntual a la provincia de Mendoza, siendo que aparece puntualizada en la consulta, debe decirse que aparece en el 10° lugar como provincia destinataria de recursos a través de programas y herramientas que favorecen el desarrollo regional", agregó la cartera que conduce Débora Giorgi.
Por su parte, el senador Ernesto Sanz, también de Mendoza, preguntó si la Nación tiene pensado proceder a firmar los convenios con La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis para empezar a ejecutar el decreto 699/2010 de Cristina Kirchner, que reactivó por 15 años más (hasta 2027) la promoción industrial (que estuvo frenado por un amparo judicial que fue revocado por la Corte Suprema nacional). Pero el Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner no respondió a la consulta.