82% para todos (si los abogados de la AGAP quieren)

A pesar de que los fondos están y de las reiteradas promesas de pago del 82% a los jubilados con posterioridad a la transferencia de la Caja Previsional Provincial, en julio de 1995, la medida no se implementa por las trabas de dos burócratas de la AGAP; los jubilados, pobres, no les queda más que rezar y seguir esperando, cuando no, quedarse en el camino.

martes, 8 de mayo de 2012 00:00
martes, 8 de mayo de 2012 00:00

Según se supo hasta la fecha solo están en condiciones de percibir el 82 por ciento móvil alrededor de 20 jubilados. Los restantes deberán esperar y rogar que los abogados de la AGAP Fernando Vidal y Silvana Peñaranda (con faltazos reiterados) se decidan a trabajar full time para emitir los dictamines correspondientes por cada beneficiario.

Sucede que las condiciones económicas y contables están dadas para pagar lo anunciado por la gobernadora Corpacci el 1 de mayo pero los trámites están trabados en el departamento legal de la AGAP donde Vidal y Peñaranda son los encargados de revisar y estampar las firmas, algo obligatorio para el pago del 82 por ciento móvil.

Para colmo y desgracia de los beneficiarios, el Ministro Ricardo Aredes, quien esta al tanto de la situación, no reacciona en solicitar abogados de otras dependencias para agilizar los tramites de más de 600 jubilados que esperan ansiosos hacerse con el beneficio el próximo mes.

La medida anunciada con bombos y platillos por la gobernadora Lucia Corpacci, en su discurso del 1 de mayo pasado, de pagar el 82% a los jubilados y pensionados que accedieron a los beneficios con posterioridad a la transferencia de la Caja Previsional Provincial, en julio de 1995, cuenta con trabas administrativas que nadie parece animarse a corregir. Ni el ministro Ricardo Aredes, ni la titular de la AGAP, Mirtha Aisa, menos Vidal y Peñaranda, ambos funcionarios heredados de la gestión del FCS y confirmados por el nuevo gobierno como asesores con índice 0.90.

Se calcula que entre los jubilados y pensionados con beneficios posteriores a julio del año 1995 y los jubilados y pensionados con beneficios anteriores, pero que reclaman actualizaciones y correcciones a liquidaciones mal hechas, suman en total unas 700 personas que claman porque se efectivice el pago.

Pero a ese número de personas se suman otras, que son las que la propia AGAP atrae en el interior provincial en las campañas que lleva adelante con empleados del sector público en actividad próximos a jubilarse, a los que brinda asesoramiento sobre la reglamentación del nuevo 82% móvil. El tiempo corre y quedan pocos días para resolver esta situación antes de que sea demasiado tarde.

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