A raíz de las denuncias del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Oscar Pfeiffer, desde el bloque del Frente Cívico y Social de la Cámara de Senadores enviaron al Ejecutivo un pedido de informes para conocer el listado completo de los agentes y ex agentes del Estado que usufructuaron los beneficios en forma indebida de los 2901 tarjetas del sistema Pro Familia, con sus respectivos nombres y apellidos, DNI, CUIL, repartición en la que prestan o han prestado servicio, categoría y cargo que desempeñan, o que han desempeñado, y haberes mensuales que perciben o han percibido.
Este pedido de informes deviene de las denuncias efectuadas por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Oscar Pfeiffer, cuando afirmó que algunos ex funcionarios del gobierno del Frente Cívico percibían los beneficios de las tarjetas Pro Familia a pesar de cobran entre 10 y 20 mil pesos.
En este sentido, los legisladores solicitan al Ejecutivo que informe sobre quiénes son los beneficiarios con salarios de hasta 20 mil pesos. Al respecto, indicaron que “de acuerdo con las normas vigentes, estos últimos ganaban más que las autoridades superiores, cuya remuneración de acuerdo con el decreto acuerdo Nº 800 no puede superar por todo concepto la suma de $ 19.003,71”.
“Es necesario e imprescindible que estas denuncias tan serias no se traduzcan en actos mediáticos y que pierdan su gravedad en la generalización y el anonimato, generando sospechas extendidas al conjunto de la administración, porque el número señalado es importante e involucra a todo universo que cae bajo ese paradigma”, expresan los senadores en la fundamentación.
Por otra parte, los senadores frentistas piden un informe del procedimiento contable técnico administrativo utilizado para la adquisición 8000 kits escolares para los alumnos de bajos recursos económicos en el marco del Programa “Vivir Mejor”.
En este caso, sostienen que “falta claridad en el proceso administrativo, tal como se había publicado en la prensa local, que señala además la injerencia de funcionarios ajenos al Ministerio de Desarrollo Social, creándose dentro de éste un ministerio paralelo”.
“La información oficial contribuirá a despejar las sospechas de la existencia de tráfico de influencia en la gestión del Estado y que los intereses de la lucha interna que se desarrolla en el partido político gobernante interfieran y enturbien el desarrollo de las acciones institucionales”, aseguran los senadores de la oposición.