martes, 26 de junio de 2012
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Mayorga dijo que no tiene en su poder el expediente de la denuncia, ya que el mismo será elevado a Fiscalía de Estado, donde se sustanciará la investigación. Para Mayorga, igualmente, en el accionar de los beneficiarios dados de baja del programa, se configura el delito de “estafa” porque perjudicaron al Estado obteniendo una ayuda social que estaba dirigida a personas de escasos recursos.
El funcionario se mostró a favor de no difundir por el momento el listado de los beneficiarios dados de baja, al decir que “como abogados debemos ser precavidos, ya que podríamos afectar el buen nombre y honor de alguien que, por error, haya sido incluido en el listado”.